A las 4:20 de la tarde del lunes 18 de diciembre, se ventiló otro capítulo de corrupción que carcome la alicaída imagen de la Policía Nacional del Perú: la detención del mayor PNP Juan Manuel Linares Gonzáles (43), jefe de la comisaría de Nicolás Alcázar, distrito El Porvenir, en Trujillo, por pedir una coima a un suboficial.
La detención por el delito contra la administración pública (cohecho pasivo) estuvo a cargo del comandante PNP César Olivares Hurtado, jefe de la Dirección Contra la Corrupción, y de Víctor Bazán Alagón, fiscal provincial de Trujillo, quienes en el acta especificaron que el mencionado comisario había solicitado una “dádiva” a su compañero de uniforme.
Los agentes a cargo de la diligencia hallaron evidencias del delito en el dormitorio del oficial denunciado. Las especies incautadas no han sido especificadas, pero según fuentes consultadas por BuenaPepa, son elementos suficientes para probar el acto de corrupción.
Cohecho pasivo propio es el delito en el que un funcionario público acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente donativo o beneficio para realizar u omitir un acto violando sus obligaciones.
Según las leyes de nuestro país, si el funcionario público acepta el soborno, es castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años e inhabilitación con 180 a 365 días multa; si solicita el soborno, con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años e inhabilitación con 365 a 730 días-multa.
Ya no respetan el uniforme de la Policía
La detención del mayor Juan Manuel Linares Gonzáles evidencia la crisis que golpea a la Policía Nacional en La Libertad por los escándalos de corrupción, situación que repercute en el aumento de la inseguridad ciudadana.
A fines de setiembre de este año, el Ministerio Público acusó al coronel Arturo Miguel Balta Paredes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad de pertenecer a una red criminal.
Según la tesis fiscal, el alto mando del Comando Policial tendría nexos con la Gran FA, una mafia dedicada a la minería ilegal que opera con impunidad en la sierra liberteña.
Por tal motivo, se le detuvo de manera preventiva, aunque luego el Poder Judicial ordenó su libertad por falta de elementos probatorios. Sin embargo, la Fiscalía lo incluyó como un hombre clave para las operaciones de la citada red criminal.
Las comunicaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo de este año revelarían una estrecha colaboración entre Arturo Balta y miembros de la Gran FA.
Suboficiales extorsionadores
En diciembre del 2022, dos suboficiales condecorados por luchar contra el crimen fueron detenidos por extorsionar a una banda que vendía droga en Trujillo.
Ambos pertenecían al Grupo Terna del Escuadrón Verde y hace unos años fueron ascendidos por enfrentarse a balazos contra delincuentes. Hoy permanecen detenidos.
Se trata de May Tayson Rafael Eguia Trauco, suboficial técnico de tercera PNP —quien fue distinguido en 2014 tras intervenir valerosamente a un delincuente que asaltó una farmacia en Trujillo— y de Jean Pierre Carrillo Peralta, del Grupo Terna, quien también se había enfrentado a balazos con un grupo de delincuentes que asaltaron la agencia del Banco Continental de la urbanización Primavera.
Ambos agentes fueron intervenidos por tener vínculos con la banda criminal los Elefantes de La Esperanza, dedicada a la venta de droga en cinco distritos.
Policías yaperos a prisión
Otros dos suboficiales, Augusto Franchescoly Ugaz Vallejos (26) y Manuel Romario Gómez León (25), fueron condenados, en agosto del año pasado, a cinco años de cárcel tras cobrar una coima de 200 soles a un conductor que tenía vencida la revisión técnica de su vehículo.
El jueves 4 de agosto, ambos agentes, que pertenecían a la Unidad de Tránsito, fueron detenidos en flagrancia por pedir dinero a Marciano Saona Rodríguez (61) para evitar una multa.
El denunciante contó a la Fiscalía que fue intervenido por los malos policías en la avenida Túpac Amaru. Ellos le pidieron sus documentos y se percataron que la revisión técnica estaba vencida.
Los suboficiales le dijeron que la multa era de 4000 soles, además del internamiento del vehículo en el depósito. Pero le dieron una salida, pagarles una coima de 600 soles y asunto resuelto.
Los agentes le mostraron al conductor unos números de celular donde tenía que pagar por Yape. Tras el depósito, el chofer acudió a denunciar la extorsión.
Este hecho fue tipificado como delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Por su gravedad, el juez Jenner Vásquez Martínez condenó a los agentes a cinco años de cárcel.
