La detención del coronel Arturo Miguel Balta Paredes ha sacudido a la Policía Nacional del Perú y desnudado los nexos que tienen las mafias dedicadas a la minería ilegal con altos mandos de la institución policial en La Libertad.
Según las acusaciones presentadas por la Fiscalía, que difundió el portal Causa Justa, el alto oficial, que ocupaba la jefatura de la División de Orden Público y Seguridad de la Tercera Dirección Territorial Policial de La Libertad, desempeñó un papel fundamental en el apoyo y protección de la red criminal La gran Fa, permitiendo que continuara sus actividades ilegales, incluida la minería ilegal.
Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es la evidencia que dispone el Ministerio Público sobre la coordinación y colaboración entre el coronel Balta y los miembros de esta mafia.
Por teléfono no
Las comunicaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo de 2023 revelan una estrecha colaboración entre el oficial y los presuntos criminales. En una de las llamadas, José Huamán López, alias Huamán, informa a un individuo identificado como Teodoro que está coordinando para que la policía pueda llegar al caserío de El Lajón, en Otuzco, provincia donde operaba la organización criminal. Estas conversaciones sugieren una coordinación activa entre el oficial y los agentes de la ley para favorecer los intereses de la organización.
En otra llamada, José Huamán López menciona estar en Trujillo coordinando con el general de la PNP para que la Policía pueda intervenir en Lajón. Esta comunicación plantea serias interrogantes sobre la relación entre los presuntos criminales y el comando policial de La Libertad, lo que, para la Fiscalía, sugiere una influencia corrupta dentro de la institución.
Crisis en la Policía de La Libertad
Además de las llamadas telefónicas, Causa Justa reveló más detalles de la investigación fiscal, la misma que arrojaría luz sobre la complicidad de Balta y otros efectivos policiales. En un incidente el 31 de mayo de 2023, varias camionetas, incluida una propiedad de José Agustín Arteaga López, supuesto cabecilla de la organización criminal, se estacionaron en la plaza central del caserío El Lajón, frente al Puesto de Auxilio Rápido PNP Lajón. A pesar de llevar uniformes de faena, los agentes se dirigieron a un restaurante local en lugar de llevar a cabo actividades policiales legítimas.
Un elemento crítico en esta trama es el cambio de comisaría del agente policial encubierto que estaba investigando a la organización criminal. En una conversación telefónica interceptada, el agente revela que el coronel Balta fue el gestor de su reasignación. Esto plantea interrogantes preguntas sobre la influencia que el oficial cercano al general Augusto Ríos Tiravanti tenía en los operativos. La Fiscalía sostiene que Balta utilizó su posición y poder para favorecer a la organización criminal, permitiendo que continuara sus operaciones ilegales.
Las acusaciones presentadas contra el coronel Balta y otros presuntos cómplices en este caso son graves y apuntan a una preocupante infiltración de la delincuencia en las fuerzas de seguridad del país. Esta situación no solo socava la confianza en la Policía Nacional del Perú, sino que también plantea serios desafíos en la lucha contra la delincuencia organizada y la minería ilegal, actividades que amenazan la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana.
El coronel Balta Paredes, hasta ahora un alto oficial de la PNP, enfrenta cargos de complicidad con la organización criminal “La Gran Fa”, lo que podría llevarlo a enfrentar un juicio y, en caso de ser declarado culpable, a una pena de prisión significativa. La investigación en curso continúa arrojando luz sobre la magnitud de la colaboración entre las fuerzas del orden y los grupos criminales, lo que subraya la necesidad de una reforma integral en el sistema policial para erradicar la corrupción y garantizar la seguridad de los ciudadanos peruanos.
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener la integridad y la transparencia en las fuerzas de seguridad, así como la necesidad de una supervisión y rendición de cuentas efectivas para prevenir que casos como este socaven la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de protegerla. La lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en las fuerzas de seguridad debe ser una prioridad absoluta para garantizar un futuro más seguro y justo para Perú y sus ciudadanos.
