La emisión de un reciente decreto legislativo, que modifica el nuevo Código Procesal Penal relacionado con el control de identidad en intervenciones policiales, ha generado polémica en los ciudadanos y especialistas. Aunque el gobierno argumenta que la medida es necesaria para fortalecer el control de la seguridad pública, expertos han expresado su preocupación por lo que consideran una apertura a la discriminación y al abuso por parte de la policía.
La norma establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) puede, sin necesidad de autorización judicial o fiscal, requerir la identificación de cualquier persona cuando considere que es necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la investigación de un hecho delictivo. Esto ha suscitado inquietudes en algunos sectores de la sociedad, quienes ven esta medida como una posible vía para la discriminación y las intervenciones arbitrarias.
Control de identidad: retención de hasta 12 horas
El decreto legislativo, oficializado este jueves 5 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, también otorga a la PNP la facultad de retener a un compatriota hasta por cuatro horas si no puede presentar un documento de identificación válido. Pasado ese período, se le permitirá retirarse. Sin embargo, la situación es diferente para los ciudadanos extranjeros, quienes pueden ser retenidos hasta 12 horas en circunstancias similares. Además, si se descubre que un extranjero tiene antecedentes en su país de origen o en cualquier otro lugar, se notificará a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
La preocupación principal radica en que algunos consideran que este decreto permite que cualquier oficial de policía realice controles basados en la “sospecha”, sin necesidad de supervisión o autorización de un superior o un juez. Los críticos argumentan que esto puede llevar a abusos y discriminación por parte de la policía, y que el término “retención” se utiliza como un eufemismo para evitar el escrutinio judicial y otros controles adecuados.
Control de identidad: reacciones
Varios expertos y activistas de derechos humanos han expresado su desacuerdo con esta medida. El ex secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara Castillo, considera que esta modificación del Código Procesal Penal permite a la policía detener a cualquier persona que no porte un documento de identidad, sin justificación y sin orden judicial, lo que él califica como un problema en una democracia.
El abogado Carlos Rivera, defensor de los derechos humanos en Perú, lamenta la aprobación del decreto y señala que este contiene disposiciones discriminatorias en función de la nacionalidad de las personas intervenidas, ya que establece procedimientos diferentes para ciudadanos nacionales y extranjeros.
No obstante, algunos defensores del decreto argumentan que la retención de cuatro horas para ciudadanos peruanos ya estaba presente en la legislación anterior y que la principal modificación se refiere al tiempo de retención para ciudadanos extranjeros, que ahora se ha ampliado a 12 horas. Giovanna Vélez, asesora del Ministerio del Interior, sostiene que esta medida se aplica de manera equitativa para todos durante las primeras cuatro horas, y que la extensión a 12 horas para extranjeros se justifica por las dificultades que pueden surgir en la identificación de personas que no son residentes.
La polémica en torno a este decreto destaca la compleja balanza entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos individuales en una sociedad democrática. Las discusiones sobre la necesidad de equilibrar estos intereses continuarán en Perú, mientras la ciudadanía y los expertos siguen debatiendo sobre la efectividad y la equidad de esta nueva regulación de control de identidad policial.
