Por Carla Liñán
Era cuestión de tiempo. Arturo Fernández Bazán lo sabía. Su periodo al frente de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) llegó este jueves 14 de setiembre, fecha en la que el concejo municipal decidió suspenderlo del cargo de alcalde provincial.
Desde las 10:00 a.m., en el salón consistorial del Palacio municipal, se desarrolló la sesión del concejo, teniendo como punto de agenda la evaluación, debate y votación para la suspensión de Arturo Fernández.
El motivo detrás de esta decisión se relaciona con las tres solicitudes de suspensión presentadas contra el burgomaestre, las cuales alegaban su inhabilitación para ejercer el cargo de debido a una sentencia en segunda instancia por el Poder Judicial por el delito de difamación agravada.
Durante la audiencia, destacaron las intervenciones de Andrés Gallo y Rafael Vera, dos de los tres solicitantes de la suspensión, quienes expusieron sus razones para respaldar dichas peticiones.
Sesión accidentada
Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de controversias. En un intento por añadir dos solicitudes de adhesión a la agenda que, a decir de los regidores, buscaba dilatar la sanción contra Fernández, el pleno mostró su desacuerdo.
Los concejales, señalaron que dichas solicitudes se les habían entregado en horas de la madrugada. Ante la negativa de los regidores, Fernández optó por poner fin a las intervenciones y someter las solicitudes a votación, resultando en un rechazo unánime.
A lo largo de la audiencia, asesores jurídicos de la municipalidad intentaron presentar escritos en respuesta a las argumentaciones de Gallo y Vera. No obstante, los regidores advirtieron que estos intentos constituían un esfuerzo por retrasar la votación.
Arturo Fernández, enfrentando las solicitudes de suspensión sin asistencia legal, declaró: «Solo Dios es mi defensa, y punto».
Finalmente, tras la votación, se determinó en consenso su suspensión. Aunque, por derecho existe la opción de apelar esta decisión en un plazo de 8 días hábiles. En caso de no hacerlo, la suspensión se elevará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si esta instancia ratifica la decisión, el regidor Mario Reyna asumirá el cargo de alcalde de Trujillo.
El caso que sepultó a Arturo Fernández
El proceso por difamación se remonta al martes 4 de mayo de 2021, cuando Arturo Fernández, quien era alcalde de Moche. En esa fecha, Fernández fue convocado a una audiencia en la sede de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad para responder por su intervención en un caso que resultó en su detención en la comisaría de Moche.
El incidente que condujo a este proceso ocurrió cuatro días antes, el 30 de abril de 2021, cuando el entonces alcalde de Moche se vio involucrado en la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Supuestamente, Fernández impidió que el personal del Ministerio de Salud retirara once frascos que contenían sesenta y seis dosis de vacunas contra la covid-19, las cuales sobraron después de una jornada de vacunación realizada en el coliseo Luz Marina Neyra de Fernández de Moche. Además de esto, se le acusó de alterar el orden público durante el incidente.
Como resultado de estas acusaciones, Arturo Fernández Bazán fue citado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo y el jefe de la Policía en La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, para una audiencia de descargo. Sin embargo, tras la conclusión de esta audiencia, Fernández emitió declaraciones que fueron consideradas «ofensivas, ultrajantes e injuriosas» dirigidas hacia la teniente Nataly Rojas Rojas, quien había estado a cargo de su detención en la comisaría de Moche.
El alcalde suspendido dijo que la oficial PNP “ni personalidad tiene”, “está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado”, “póngase bien los pantalones”, “póngase bien ese calzón”, “póngase bien ese sostén”, “váyanse porque están dañando la imagen del uniforme”, “deben estar en el VRAEM luchando como se requiere, no metidos en sus oficinas calentando ese asiento con ese traserazo”.
El proceso judicial se centró en estas declaraciones difamatorias proferidas por Fernández contra la teniente Rojas Rojas. El ex alcalde enfrenta las consecuencias legales de sus palabras, que según las autoridades, difamaron la reputación de la teniente y socavaron su integridad profesional.
