“Adelante, adelante hacia la destrucción. Debemos vivir hasta morir”, canta, con su voz oxidada, Till Lindemann, el tema Dalai Lama, de la icónica banda alemana Rammstein. “La inseguridad ciudadana nos está llevando a la destrucción social”, dice, con su voz marchita, Isauro García, longevo lustrador de zapatos del centro histórico de Trujillo.
Y como en los tiempos que vieron nacer al famoso Escuadrón de la Muerte (2016), en Trujillo es habitual que todos los días se registren asesinatos. Los ataques extorsivos, para muchos emprendedores, se han convertido en delitos comunes.
En el primer sábado de 2024, la Bajada de Reyes trae consigo otro evento que parece ordinario y cumplidor en la fe de la gestión gubernamental: la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad.
La encabeza el gobernador, César Acuña Peralta, de quien no se tiene registro como víctima de los delitos que aquejan a la ciudadanía sin poder económico.
“Acuña, está bien chalequeado. A ese, los vagos, nunca lo van a tocar”, dice Rubén Martínez, un taxista que ha recorrido las calles de Trujillo por más de 20 años.
“Hace falta un escuadrón, como en la época de Elidio, y el asunto se resuelve; así sea a la mala”, sentencia mientras le sube el volumen de la radio: le gusta la salsa brava.
Seguridad ciudadana: la misma retórica
El Coresec inicia con la exposición de los principales problemas de inseguridad: homicidios por encargo, asaltos a mano armada, marcaje, venta de drogas y corrupción en las instituciones tutelares.
César Acuña, quien ha dejado colgado su habitual blazer de trabajo para exhibir un polo lila (color asociado a la creatividad, la imaginación y la sabiduría), enfatiza en la importancia de esta reunión, como lo hizo ante la presidenta de La República, Dina Boluarte, en la versión nacional de esta reunión, en octubre del 2023.
Nuestro camino es acabar con la delincuencia
En el mes morado se prometió una lucha frontal contra el hampa y esta respondió sin misericordia: más de 300 muertos en 2023, y una balacera sin revolver, por primera vez en la historia, en el centro comercial más grande de Trujillo: el Mall Plaza.
“Nuestro camino es acabar con la delincuencia”, dijo Boluarte, vestida de blanco, a la vez que desestimaba declarar a La Libertad en estado de emergencia. Han pasado tres meses y solo fueron palabras.
El momento es propicio para que se presente el nuevo jefe de la Tercera Macro Región Policial Norte, general PNP José Zavala Chumbiacua, quien, como sus antecesores, anuncia un diagnóstico que durará un mes para identificar los principales problemas de inseguridad desde la perspectiva de la Policía.
Sugirió un giro de tuercas en el Sistema de Recompensas (pago por delatar la ubicación de delincuentes buscados por la justicia). “Se debería hacer un pago de recompensas regional, donde la gente pueda colaborar. No tenemos la capacidad, pero sí podríamos comprometer a las autoridades”, explicó.
Jalón de orejas a la PNP
Tras la exposición del nuevo jefe policial de La Libertad, el alcalde provincial de Sánchez Carrión, Santos Reyes Sánchez, quien es víctima de extorsión, pidió una evaluación del personal policial desplegado en zonas críticas.
“Al personal lo encontramos más en las vías, haciendo operativos de control de tránsito, que dando seguridad en las calles (…) Cuando pasa algo en una zona, no nos podemos abastecer; mientras nos trasladamos, desaparecieron todos los que hicieron actos de violencia”.
“Dudo que Acuña, los consejeros regionales y los oficiales de la Policía hagan las compras de la semana en algún mercado del pueblo”
La alcaldesa de la provincia de Ascope, María Cortijo Izquierdo, también se quejó por la falta de dedicación y las carencias logísticas. “Cuando van a hacer las denuncias dicen que el encargado no se encuentra. La Policía llega una o dos horas después del hecho delictivo (…) el delincuente huye con una 4×4 y el policía no tiene como seguirlo”.
César Acuña, también graficó que la Policía no está presente en las zonas más picantes y congestionadas, como los mercados y colegios.
“Dudo que Acuña, los consejeros regionales y los oficiales de la Policía hagan las compras de la semana en algún mercado del pueblo”, desconfía Rubén, el taxista.
Limitaciones históricas
Las libertades procesales y la carga procesal son algunas de las limitaciones que evitan que el círculo de la justicia se cierre.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Víctor Burgos Mariños, explicó que el problema se engrosa por el mal uso de la flagrancia delictiva por parte de la Policía.
La criminalidad se ha modernizado, se ha sofisticado y diversificado, y nosotros seguimos con las mismas herramientas de hace 20 años
“La Policía ha detenido en flagrancia delictiva a 17 360 personas, pero de las cuales, el 2.65 % ha sido conducido a la unidad de flagrancia para que se resuelva el caso en pocos días”.
“El 97.35% han sido canalizados al proceso común lo que trae como consecuencia que, tanto la fiscalía como nosotros (Poder Judicial) nos llenemos de procesos, y la Policía”.
Burgo también advirtió la falencia histórica y constitucional: la inseguridad ciudadana no es una política de gobierno nacional, por eso la lucha contra este problema social es como una canción según los gustos y estilos de quien propone las estrategias.
“No está definida en la Constitución una política coherente del Estado peruano frente a la criminalidad, como sí existe una política económica, de salud; entonces, cada gobierno, cada titular del Ministerio del Interior, viene con nuevos planes y proyectos y no hay algo consistente en el tiempo y eso nos ha debilitado”.
“La criminalidad se ha modernizado, se ha sofisticado y diversificado, y nosotros seguimos con las mismas herramientas de hace 20 años”, expuso.
La presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad, Lea Huayán, enumeró las limitaciones que genera la falta de un laboratorio regional de criminalística, que obliga a que pericias determinantes, como las pruebas de absorción atómica, se desarrollen en Lima.
También detalla que “hay poco personal fiscal y poco personal policial. La unidad de inteligencia no se ha abastecido, el año pasado, para poder realizar las tareas de videovigilancia que permitan hacer el seguimiento, la ubicación y, de repente, la detección de actividades (ilícitas de sospechosos e investigados)”.
Otro dato es que existe un serio déficit de personal en la División de Alta Criminalidad (Diviac) lo que, según el Ministerio Público, limita acciones fundamentales en la lucha contra la extorsión.
La prefecta de La Libertad, Carolina Velasco, ofreció otra mirada de la criminalidad: las licencias que se otorgan a los eventos sociales (bailes y conciertos) en zonas y locales vulnerables a hechos delictivos como ataques de sicarios y peleas con armas letales.
“Los municipios no deben de dar licencias”, enfatizó.
El Ejército en las calles
Aunque asegura que no es una medida populista, César Acuña anunció que se reunirá con el premier Alberto Otárola, para solicitar estado de emergencia, por 120 días, en La Libertad que, en 2023, fue la segunda región con más homicidios en el Perú, como lo informó BuenaPepa.
“Dando argumentos, verán la forma legal. Me encantaría que, durante 120 días, las fuerzas armadas acompañen a la Policía Nacional del Perú. Sería un gran mensaje a la población”.
La reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana culminó cerca del mediodía, en la Casa de Gobierno. Montados sobre caballos, Melchor, Gaspar y Baltasar, escoltaron al nuevo jefe de la Policía hasta su despacho (ubicado a una cuadra de la plaza mayor de Trujillo), César Acuña, custodiado por sus guardaespaldas, se fue a bordo de su costosa camioneta Lexus, y la población quedó a la espera de resultados a corto plazo: con menos reuniones protocolares y acciones contundentes contra el hampa.
