En medio de un panorama lleno de incertidumbres, el empresario minero Santos Guillermo Sánchez Vera, apodado Chapana, fue víctima de un secuestro durante las primeras horas del jueves 18 de enero de 2024 en Trujillo.
De acuerdo a las revelaciones hechas por la familia afectada, los delincuentes han exigido el pago de 10 millones de dólares por su liberación. El suceso tuvo lugar en el sector Bello Horizonte, La Libertad, donde la camioneta, con placa BFF-945, del empresario fue emboscada. Posteriormente, fue abandonada por las autoridades en el centro poblado Quirihuac.
Secuestro de empresario: esto dice la Policía
Según confirma el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, junto al vehículo, se hallaron dos cuerpos, identificados como Edgard Vera Torres y Roger Leonard Paredes Aguilar, guardaespaldas del empresario.
La esposa de Sánchez Vera, quien ha estado recibiendo amenazas y llamadas exigiendo el rescate, afirmó que ha tenido contacto con su esposo, aunque la veracidad de estas comunicaciones aún no puede ser confirmada.
La Policía Nacional aún intenta determinar si Sánchez Vera conducía su vehículo, una Ford Raptor, al momento de ser interceptado. El coronel Méndez Yupanqui aclaró que a la hora del ataque, “tres personas viajaban en la camioneta, los guardias de seguridad encontrados y el empresario minero”.
La Libertad: ¿mafias de minería ilegal detrás?
La implicación de criminales vinculados a la minería ilegal en el secuestro es una figura que contempla la Policía. Dicha actividad, predominante en la provincia de Pataz donde Sánchez Vera gestiona la extracción de minerales, ha generado confrontaciones con su empresa.
Actualmente, la ubicación del empresario, así como su estado de salud, continúan siendo incógnitos para la Policía Nacional. Mientras tanto, el eco de la minería ilegal resuena en Pataz, generando severos problemas de seguridad y económicos en la región.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre dicha problemática desde diciembre de 2023, alentando al Estado a enfrentar la minería ilegal y la inseguridad ciudadana que genera.
Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, esta actividad ilegítima produce anualmente más de un millón de onzas de oro de manera ilegal, lo que equivale a más de mil millones de dólares.
