El derecho de protesta es un derecho fundamental reconocido indirectamente por el artículo 12 de nuestra Constitución y el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Queda claro que todos tenemos derecho a expresar nuestro desacuerdo frente a las actuación de los poderes públicos e, incluso, privados.
Sin embargo, debemos recordar que todo derecho fundamental se encuentra limitado por su propio contenido esencial o constitucional, es decir, tiene límites. Estos límites deben ser establecidos en cada caso concreto y sobre la base de una interpretación adecuada de los mismos.
Derecho a la protesta y la Constitución
Es claro que el derecho de protesta no incluye en su contenido esencial el bloqueo de calles, avenidas o carreteras, tampoco la incomunicación de una ciudad y mucho menos, por supuesto, actos de violencia o vandalismo, destrucción de la propiedad pública y privada, entre otros, simplemente porque estas acciones vulneran otros derechos fundamentales, generan caos y crisis temporales que el ejercicio de un derecho no puede permitir.
Sobre la base de todo ello podemos decir claramente que existe un erróneo o incorrecto ejercicio del derecho de protesta en nuestro país, y no un conflicto de derechos fundamentales.
Cuando los reclamantes operan de esa manera este ejercicio incorrecto debe ser corregido de inmediato por nuestras autoridades en el ejercicio de las potestades que la Constitución y la Ley les otorga, evitando bloqueos o desactivándolos mediante el uso controlado de la PNP u otros medios y apresando a quienes cometen actos de vandalismo.
Lamentablemente tenemos autoridades timoratas que navegan al vaivén de sus ideologías, conveniencias o ambiciones políticas, atrapados por aquellas mentiras conceptuales que siempre apoyaron, menospreciando el rol del Parlamento y el Estado en general, en la defensa de la democracia y el Estado Constitución de Derecho, dejando de lado las reales razones de los cargos que ostentan.
Se ha perdido el principio de autoridad en detrimento de la mayoría de la población, que clama paz y tranquilidad para trabajar, lo cual es perfectamente aprovechado por azuzadores de ideologías cavernarias que solo buscan sacar réditos personales, engañando a cierto sector de la población, manipulando la información como perfectamente sabe hacer la izquierda en general.
Nuestras autoridades deben fajarse bien el cargo y actuar como corresponde, sancionando y castigando este tipo de acciones, caso contrario, el panorama se verá cada vez más sombrío.
Carlos Talledo Manrique
Abogado Constitucionalista
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