Diversas agencias de la ONU han solicitado al Gobierno de Perú la derogación inmediata de la Ley 32330, que establece la responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio calificado, sicariato y extorsión. La norma, recientemente promulgada por el Ejecutivo y previamente aprobada por el Congreso, ha generado rechazo nacional e internacional.
En un pronunciamiento conjunto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), manifestaron que esta legislación contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que Perú ha ratificado y está obligado a cumplir.
Agumenten, por favor
“Instamos a los poderes del Estado a reconsiderar esta medida y a fortalecer el sistema de justicia juvenil, con recursos técnicos y económicos que prioricen la prevención, rehabilitación y reinserción social, en lugar del castigo”, señalaron las agencias.
Según datos oficiales citados por la ONU, el 98 % de los delitos en Perú son cometidos por adultos, lo que, en su opinión, evidencia que esta ley no contribuirá significativamente a reducir la delincuencia. Además, advierten que podría llevar a que menores de edad cumplan condenas junto a adultos, exponiéndolos a entornos criminales que agraven su situación.
El rechazo también ha sido expresado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, que consideran la norma incompatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Este último recordó que el país ya cuenta con un sistema penal especializado para adolescentes infractores, orientado a la recuperación y no a la criminalización.
¿Cómo nace esta iniciativa?
En contraste, durante el debate parlamentario, el congresista Fernando Rospigliosi defendió la iniciativa, alegando que las organizaciones delictivas reclutan menores para evadir penas más severas, lo que haría “indispensable” esta reforma.
A pesar de los cuestionamientos, la ley ya ha sido publicada, generando un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo, la comunidad internacional y los defensores de los derechos de la niñez.
