El caso de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, ha revelado un patrón preocupante en el gobierno de Dina Boluarte: el de acusar sin pruebas contundentes.
La mandataria lo señaló públicamente como el autor intelectual de la masacre de 13 mineros en Pataz, sin que existiera hasta ese momento una orden de captura vigente o una acusación formal de la Fiscalía.
¿En qué otras ocasiones han tirado la piedra y escondido la mano?
Dina Boluarte: perseverar en el error es diabólico
En abril de 2025, el ministro Juan José Santiváñez presentó en televisión nacional a un sereno municipal como alias Kalito, uno de los delincuentes más peligrosos del país, pese a que este no tenía requisitorias ni antecedentes penales. Es decir, se puso en evidencia una acusación pública sin respaldo oficial ni judicial.
En octubre de 2024, anunció la detención de un alto mando terrorista, Iván Quispe Palomino, de quien dijo tenía 3 requisitorias pendientes desde el 2013.
El suceso parecía ser un gran logro hasta que el Poder Judicial develó la mentira del ministro. Quispe no tenía los antecedentes que Santivañez puso sobre él, por lo que la policía se vio obligada a liberarlo de inmediato.
Por otra parte, en marzo, la presidenta Boluarte respaldó públicamente la censura a Santiváñez por parte del Congreso y, en esa misma intervención, acusó a la Fiscalía de liberar criminales capturados por la policía sin presentar un solo caso concreto ni evidencias documentales que avalaran la afirmación.
En septiembre de 2024, Santiváñez denunció sin pruebas la existencia de una «organización criminal» integrada por miembros de la PNP y la fiscalía especializada Eficcop con el fin de “desestabilizar al Gobierno”, una acusación que fue desmentida por ambas instituciones por falta de sustento y documentación.
Además, el exministro interpuso una denuncia penal contra el supuesto cabecilla ‘Capitán Culebra’ por delitos de organización criminal y atentado informático, aunque el expediente no avanzó a la etapa de imputación formal y carecía de pruebas forenses para sostener las imputaciones.
Ladrón que roba a ladrón…
En una entrevista desde la clandestinidad con Cuarto Poder, Rodríguez Díaz negó su participación en los crímenes y calificó la acusación como una «persecución política».
A pesar de sus antecedentes criminales, que incluyen tráfico de armas y vínculos con organizaciones delictivas, Cuchillo no se encuentra en la lista de los más buscados ni tiene impedimento de salida del país.
Rodríguez Díaz denunció que la justicia peruana no actúa con imparcialidad, y que «si no te encuentran nada, te siembran».
La ausencia de una orden de captura en su contra, pese a haber sido responsabilizado públicamente por la presidenta, sugiere que las autoridades no contaban con pruebas suficientes para sustentar la acusación.
Rodríguez Díaz, además, envió una carta notarial a Palacio de Gobierno exigiendo que Boluarte se rectifique en un plazo de cinco días, advirtiendo que, de no hacerlo, presentará una denuncia por difamación agravada.
En paralelo, su abogado presentó como coartada un video que lo muestra en una discoteca de Casma a la hora en que ocurrió el ataque en Pataz, lo que dificultaría que haya sido el ejecutor directo del crimen.
