El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, presentó un pedido formal al Gobierno Central para que tome medidas drásticas y contundentes en la lucha contra la delincuencia, llegando a proponer una reforma constitucional que permita la aplicación de la pena de muerte en casos de robos agravados, secuestros, extorsiones y sicariato.
Mario Reyna y la pena de muerte
Esta propuesta ha sido presentada a la Presidencia de la República a través de una carta en la que también sugiere el retiro del Perú del Pacto de San José de Costa Rica, acuerdo que limita la implementación de penas extremas.
«A situaciones extremas, medidas drásticas. Una gavilla de delincuentes no puede impedir que las personas sigan haciendo su vida normal y se escondan atemorizados», afirmó Reyna.
«Tiene que haber una intervención sustancial, con medidas drásticas», agregó, en referencia a los altos niveles de criminalidad que han azotado a La Libertad, así como otras regiones del país, con la proliferación de bandas criminales dedicadas al sicariato, las extorsiones y el secuestro.
«A situaciones extremas, medidas drásticas. Una gavilla de delincuentes no puede impedir que las personas sigan haciendo su vida normal y se escondan atemorizados», afirmó Reyna.
Reyna hizo énfasis en que el sistema penitenciario del país necesita una reforma profunda. Para él, las cárceles han dejado de ser un espacio de rehabilitación y reeducación.
«No está funcionando la resocialización de los presos. Los mantenemos cuando están en prisión para que luego salgan a seguir haciendo lo mismo. Es un sueño que van a la cárcel para reeducarlos”, aseguró el alcalde, recalcando que es un error pensar que las penas actuales disuaden a los criminales.
El burgomaestre de Trujillo también criticó el alto costo que representa el sistema penitenciario para el Estado. «Se gasta más en un reo que en un escolar. Se estima que por cada reo el Estado gasta unos dos mil soles mensuales, incluyendo alimentación, hospedaje y el pago del personal en los 68 penales que hay en el país”, puntualizó.
Frente a este escenario, Mario Reyna hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que exija al Congreso una reforma constitucional que incluya la pena de muerte para los delitos más graves y tome medidas para endurecer el régimen carcelario.
«Desde cárceles doradas, siguen extorsionando, sin que nadie haga nada», lamentó el alcalde.
En un contexto en el que la criminalidad ha aumentado de manera alarmante en diversas ciudades del país, especialmente en Trujillo, el alcalde pidió a las autoridades y líderes de opinión unirse en la lucha contra la delincuencia.
«Creo que la presidenta tiene que hacer un alto al fuego político y buscar unidad en esta lucha. Todos debemos empujar el coche en un solo sentido”, indicó, insistiendo en que la respuesta al problema debe ser un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades locales.
Polémica por el Pacto de San José
La propuesta de retirar al Perú del Pacto de San José ha generado críticas en diversos sectores, particularmente entre defensores de los derechos humanos. Sin embargo, para Reyna, lo realmente polémico es el clima de terror que los delincuentes han instaurado en las calles.
«Más polémico es lo que viene ocurriendo cuando nos amenazan o ponen dinamita en las puertas de las casas o negocios», argumentó el alcalde.
Insistió en que la respuesta debe ser proporcional a la gravedad de los crímenes que enfrentan. «A los que cometen delitos extremos hay que pagarles igual. Que evalúen y se adopten medidas drásticas”, concluyó, reiterando que la población también debe ser parte activa en esta lucha, ejerciendo presión para que las autoridades actúen de manera más firme y efectiva.
