En respuesta a las recientes propuestas que sugieren otorgar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha señalado que tal medida sería inconstitucional e inviable desde los puntos de vista legal y operativo.
El ministro Eduardo Arana explicó que la administración penitenciaria está bajo un marco constitucional específico que prioriza la resocialización de los internos, y que ni las FF.AA. ni la PNP cuentan con la formación necesaria para cumplir ese mandato.
El Ministerio de Justicia argumentó que las propuestas que buscan militarizar o policializar la gestión de los centros penitenciarios no corresponden con la realidad actual.
Según cifras oficiales proporcionadas por la propia PNP, en lo que va del año 2024, solo el 0.2 % de las 15,384 denuncias por extorsión han sido realizadas desde el interior de los penales, lo que derivó en el traslado de 21 internos a centros de mayor seguridad.
Estas cifras se mantienen similares a las del 2023, cuando apenas el 0.1 % de las 19,305 denuncias de extorsión provenían de penales, resultando en 24 traslados.
Control penitenciario bajo el INPE
El Ministerio de Justicia subrayó que la administración de los penales en el Perú es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), una entidad que cuenta con personal capacitado en tácticas de seguridad penitenciaria y con una misión centrada en la resocialización y rehabilitación de los internos, tal como lo establece el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.
Según cifras proporcionadas por la PNP, en lo que va del año 2024, solo el 0.2 % de las 15,384 denuncias por extorsión han sido realizadas desde el interior de los penales, lo que derivó en el traslado de 21 internos a centros de mayor seguridad.
«El INPE mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales», expresó Arana, remarcando que los agentes penitenciarios poseen la formación necesaria no solo en la seguridad de los centros de reclusión, sino también en el manejo adecuado de los derechos humanos y el uso de la fuerza en contextos carcelarios.
Además, destacó la existencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), una unidad especializada encargada del control de motines, el traslado de internos y la prevención de situaciones de riesgo en los penales.
Eduardo Arana también recordó los trágicos sucesos de 1984 en el penal El Sexto, donde la entonces encargada de los penales, la Guardia Republicana, fue superada por un grupo de delincuentes, lo que generó una grave crisis de seguridad.
«Revocar el control del INPE para entregarlo a la PNP o las FF.AA. podría derivar en la repetición de esos episodios«, señaló el ministerio, enfatizando la importancia de una gestión penitenciaria profesionalizada y enfocada en la resocialización.
¿Hay reinserción en las cárceles? 😑
El enfoque de la cartera de Justicia se basa en considerar los penales como centros de reinserción social. En ese sentido, el ministerio destacó los esfuerzos del INPE para ofrecer a los internos oportunidades de educación, trabajo y desarrollo personal mediante programas como Cárceles Productivas, Orquestando, Cero Analfabetismo y talleres de formación técnica.
«El insinuar que el sistema penitenciario ha fracasado no se condice con el esfuerzo y compromiso que el INPE pone en la resocialización de los internos», manifestó Arana Ysa. Sin embargo, también reconoció que es necesario seguir reforzando la articulación interinstitucional para enfrentar de manera más efectiva la delincuencia y el crimen organizado.
Finalmente, el Ministerio de Justicia instó a las autoridades a evitar propuestas que contradigan el marco constitucional y recordó que el verdadero reto es fortalecer las instituciones que ya están en marcha, especialmente aquellas que tienen un mandato legal específico, como el INPE. En esa línea, el ministerio expresó su compromiso en seguir mejorando los sistemas de control y rehabilitación en los penales, así como su disposición para colaborar en la lucha contra el crimen organizado desde una perspectiva integral y con pleno respeto a los derechos humanos.
