Un machete oxidado corta el dedo meñique de la mano izquierda, la víctima parece sedada, no grita; parece resignada, no se resiste y exhibe la herida que dejó la mutilación en su mano temblorosa.
— Yo estoy vivo, hermano. Ya me cortaron otro dedo, por favor, colabora.
— ¿Cuántos dedos tienes?, pregunta el secuestrador en el video.
— Siete dedos. Por favor, te pido que me ayudes hermano. Por favor. Estoy vivo, hermano. Preocúpate. Aléjate de los “tombos” (policías).p
Así fueron las últimas horas de vida del empresario Santos Sánchez Vera, vinculado al sector minería, quien el pasado jueves 18 de enero fue emboscado y secuestrado por delincuentes que no dudaron en asesinar a sus dos guardaespaldas a sangre fría y arrojar los cuerpos.
La Libertad: otro secuestro sin resolver
El rapto del empresario fue el primero del 2024 en La Libertad, y ha conmocionado a todo el país por la crueldad con la que han actuado los hampones.
Desde que la camioneta de la víctima fue hallada en el sector Quirihuac, la Policía guardó silencio sobre los detalles del secuestro; sin embargo, a la familia le exigían 10 millones de dólares para dejarlo en libertad.
Horas después del secuestro, los hombres de seguridad del empresario fueron hallados sin vida y con varios impacto de bala, en el sector La Arena, en la provincia de Sánchez Carrión. Cinco días después, el cuerpo de Santos Sánchez fue ubicado por unos agricultores en el sector Corrales, en la provincia que vio nacer a César Vallejo (Santiago de Chuco): lo masacraron porque la negociación de rescate falló.
“Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el Destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema”, escribió nuestro vate universal un día en que pensó en la gélida muerte, hoy gatillada y a quemarropa.
El cadáver de la víctima era un mensaje para la familia, la Policía y la sociedad que vive en zozobra por la ola de violencia delictiva: cuatro dedos mutilados, un disparo en la cabeza y, en el abdomen, la frase “por no pagar completo”. Parecía una escena de la despiadada criminalidad mexicana; un viaje en el tiempo a los años más crudos del conflicto interno armando en el Perú (1980-2000).
El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, coronel PNP Javier Méndez, confirmó que la desaparición de Santos Sánchez Vera se trataba de un secuestro y anunciaba la vieja retórica: “esta investigación”, y una promesa con aroma a deuda rancia: “capturaremos a los responsables”.
Terrorismo urbano
Niveles de violencia, como el mostrado en el caso de empresario minero, son calificados por la literatura científica y especializada en seguridad ciudadana como terrorismo urbano.
Hay un antecedente: en setiembre de 2023, motivados por la actuación sanguinaria del Tren de Aragua, el Concejo Municipal de Lima –por unanimidad– aprobó buscar combatir el crimen agravado en la capital, con la aplicación de la Ley Contra el Terrorismo Urbano, la cual, para su aplicación, debe de aprobarse en el Congreso e incorporarse en el Código Penal.
El proyecto, que aún no es debatido por el hemiciclo, busca que se castigue con severidad el sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión y delitos que impliquen el uso de armas de guerra, granadas, explosivos y armas químicas.
En la vereda de la ley como arma contra el crimen, la sociedad critica a los siete congresistas que nos representan, pues, hasta el momento, no se han presentado un proyecto ley para hacer frente a la ola criminal: un desagradable mix de peruanos y extranjeros que sus mensajes de terror se autocalifican como “la organización más sanguinaria”, “estamos detrás de las últimas muertes, torturas y secuestros”, con el fin de amedrentar a sus víctimas.
El Ejecutivo, ¿para cuándo?
La viralización de las fotografías del hallazgo del cadáver y el video de la tortura, han despertado un pedido unánime en la sociedad. En las redes sociales son miles los peruanos que piden cadena perpetua y pena de muerte para este tipo de criminales que hacen del miedo un negocio rentable.
Consultado por BuenaPepa, el especialista en seguridad ciudadana Roger Torres, quien además fue jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, considera que la crisis de seguridad en Ecuador, es un antecedente de que la solución está en manos del gobierno central.
“El Poder Ejecutivo tiene una mano endeble, lenta y débil que no ha accionado como corresponde y no le ha dado las herramientas necesarias ni la fortaleza a la Policía. Por ejemplo: Ecuador, inmediatamente, a través de su Congreso, dispuso Ley de Amnistía y la Policía y las Fuerzas Armadas tuvieron todas las facultades para poder enfrentar sin temor a la delincuencia”.
El especialista en material penal y analista social, Alfredo Galindo Peralta, considera que la Policía es inoperante y que a ello se suma el rol pasivo de la Fiscalía y el Poder Judicial.
“La única alternativa es que el gobierno decrete estado de emergencia y le dé el control de la zona a un comando político-militar, así como se hizo con el terrorismo (…) y eso es constitucional. El ejército debe tomar el control de la zona con el auxilio de la Policía Nacional y con el apoyo del Ministerio Público para garantizar ciertos derechos humanos”.
“Como es que en las protestas del año pasado se ordenó disparar al cuerpo de los protestantes y se los aniquiló, ¿por qué eso no se hace con delincuentes peligrosos? Estamos en guerra, solo que no se entiende, ellos (el gobierno) no entienden que está muriendo gente inocente”, sentenció.
