La declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, ha llevado a la intervención del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) en un intento por desbaratar a 20 bandas de mineros ilegales. Esta declaración responde a un esfuerzo por atenuar la inseguridad ciudadana que domina en estos territorios.
Pataz ha sido señalado para el establecimiento de un comando unificado liderado por el Ejército, permitiendo, así, la realización de acciones y operaciones militares según lo estimen necesario las Fuerzas Armadas. El objetivo principal es controlar a las bandas de delincuentes asociadas con la minería ilegal.
La presencia intensa de estas mafias lleva larga data en Pataz, siendo el secuestro y asesinato de trabajadores de empresas mineras formales como Poderosa, Horizonte y Marsa una de las prácticas más comunes.
En el caso más reciente, denunciado por los familiares de diez mineros de El Shingo, surgen sospechas de secuestro y asesinato a manos de las mafias que operan ilegalmente en Pataz. Esta zona también acoge actividades ilícitas relacionadas con la explotación de minerales.
Pataz: a diario se movilizan 600 toneladas de oro
Según un reporte de El Comercio, se registraría la salida promedio de 22 volquetes diariamente, totalizando aproximadamente 600 toneladas de minerales extraídos ilegalmente, destinados a procesos de blanqueamiento.
Esto, sumado a la insuficiencia en la capacidad operativa para fiscalizar estas actividades, brinda a los mineros ilegales la libertad para operar y moverse sin problemas.
Con este panorama, las empresas formales incrementaron sus cuerpos de seguridad privada hasta en siete veces. Este aumento se debe a la lejanía de las comisarías (la más cercana a la zona de explotación de las minas Poderosa y Marsa está a 22 kilómetros), una posición desventajosa que dificulta la acción policial ante amenazas de mineros ilegales.
Se espera que la declaratoria del estado de emergencia en estas provincias marca un hito en un intento por combatir a estas bandas y asegurar un patrón de vida tranquilo y seguro para los ciudadanos de Trujillo y Pataz. Sin embargo, la situación continúa desarrollándose y queda por ver cuál será el impacto final de esta intervención en la región.
