Han pasado casi dos semanas desde el brutal ataque con explosivos y armas de fuego que acabó con la vida de 10 trabajadores de la empresa minera Poderosa en Pataz, departamento de La Libertad, y aún no hay ningún detenido ni procesado por este crimen.
Los responsables de la matanza en Pataz sin libres y la sensación de impunidad afecta la tranquilidad a los pobladores.
La Policía Nacional del Perú ha demostrado una gran torpeza e ineficacia para ubicar y capturar a los responsables de esta masacre, que se presume fue perpetrada por mineros ilegales vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
Un ataque letal
El 2 de diciembre, alrededor de la 1 de la madrugada, un grupo de unos 20 delincuentes irrumpió en el nivel 2995 de la mina Poderosa, donde se encontraban varios trabajadores. Los intrusos tomaron de rehenes a cuatro de ellos.
La Policía Nacional del Perú ha demostrado una gran torpeza e ineficacia para ubicar y capturar a los responsables de esta masacre, que se presume fue perpetrada por mineros ilegales vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
El personal de seguridad de la mina, al enterarse de la situación, organizó una brigada de agentes de las empresas contratistas Huayna para rescatar a sus compañeros y expulsar a los asaltantes.
Minutos después lograron su cometido. Sin embargo, cuando se disponían a salir del socavón fueron atacados con explosivos, que les causó la muerte a nueve de ellos en el acto y a uno, horas después. Otros 13 trabajadores resultaron heridos, tres de gravedad.
La Policía llegó al lugar del hecho varias horas después, cuando los criminales ya habían escapado. Los agentes encontraron un escenario dantesco, con cuerpos calcinados y mutilados, y rastros de sangre y pólvora. Los heridos fueron trasladados a Trujillo en helicópteros de la minera y de la Fuerza Aérea. Los familiares de las víctimas mortales exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos.
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“¿Cómo es posible que un ser humano le quite la vida a otro de manera tan cobarde? ¿Acaso el afán del dinero o del poder están por encima del valor sagrado de la vida humana? ¿Acaso, en nuestra sociedad, hemos llegado a niveles tan miserables e inhumanos que ya no importa quitar la vida a otras personas? ¿Dónde quedan los derechos de toda persona humana, sobre todo el derecho inviolable de la vida?”, se preguntó el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos Vidarte, al día siguiente, en la homilía en la misa en la catedral.
¿Y la Policía?
El Ministerio del Interior informó que se había desplegado un operativo policial en la zona para dar con el paradero de los autores del atentado, y que se había capturado a siete sospechosos.
Sin embargo, al día siguiente, se supo que los detenidos habían sido liberados por falta de pruebas, y que no tenían relación con el caso.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, calificó a la masacre como un acto terrorista.
Los agentes encontraron un escenario dantesco, con cuerpos calcinados y mutilados, y rastros de sangre y pólvora. Los heridos fueron trasladados a Trujillo.
“Están lindando en actos fuera de lo que sería la delincuencia, sino de terrorismo”, señaló.
Desde entonces, no se ha reportado ningún avance en las pesquisas, ni se ha identificado a ningún implicado.
La policía parece haberse quedado sin pistas ni recursos para resolver este crimen, que ha conmocionado a la opinión pública y ha evidenciado la grave situación de inseguridad que se vive en Pataz, una zona donde la minería ilegal y el cobro de cupos campean con total impunidad.
Matanza en Pataz: una costumbre
Este no fue el primer ataque que sufre la mineral Poderosa por parte de bandas de mineros ilegales, que buscan apoderarse de las concesiones y los recursos de la empresa.
A través de una comunicado, al empresa denunció que desde hace meses se viene alertando al Gobierno sobre la presencia de organizaciones delictivas en la zona que se coluden con mineros informales.
Fuentes policiales han señalado que los actos delictivos que ocurren en los últimos meses en la sierra de La Libertad, vinculados a la minería, estarían relacionadas con el Tren de Aragua, un grupo criminal de origen venezolano que opera en varios países de la región.
Por su parte el alcalde provincial de Pataz, Orler Medina Barrios, criticó la falta de apoyo y coordinación de la Policía, que no cuenta con suficiente personal ni equipamiento para enfrentar a los delincuentes, que disponen de armas de guerra y explosivos.
Asimismo, cuestionó la labor del Ministerio Público, que no ha formulado ninguna acusación ni pedido ninguna medida cautelar contra los presuntos responsables.
