Siguen saliendo a la luz irregularidades durante la saliente gestión municipal de José Ruiz Vega. El primer regidor y teniente alcalde Mario Reyna Rodríguez denunció que las cuentas de la municipalidad serán embargadas, por orden judicial, por incumplimiento de pagos a trabajadores contratados durante el mandato del exalcalde de APP.
Aunque Reyna Rodríguez no dio la cifra exacta del personal contratado, pues la gestión anterior no cumplió con el proceso de transferencia a las nuevas autoridades, sus declaraciones refuerzan lo dicho por Daniel Marcelo Jacinto, quien había comunicado a fines del año pasado que se trataría de entre 800 y mil locadores en puestos clave de la comuna provincial, con la finalidad de apoyar y realzar la candidatura de José Ruiz.
“Para que tengan una idea, el año pasado se han hecho embargos por más de 12 millones de soles. Para el 2023 está proyectado que se embargue de 25 a 30 millones de soles por deudas laborales que afectarían las planillas de todos los trabajadores. La mala gestión administrativa nos ha llevado al borde de poner en riesgo las remuneraciones de nuestros trabajadores”, comunicó el primer regidor esta mañana.
Precisó que, por información directa de las gerencias municipales, han descubierto acuerdos con proveedores que no tienen contrato ni número de orden y que la gestión de José Ruiz exigió que se reconozca.
“Esos pagos ascienden a 3 millones de soles. Le pusimos en conocimiento al ingeniero Daniel Marcelo para que tenga cuidado y desconocemos si actuó o no. Ya nuestros funcionarios están recabando información”, prosiguió Mario Reyna.
“el año pasado se han hecho embargos por más de 12 millones de soles. Para el 2023 está proyectado que se embargue de 25 a 30 millones de soles por deudas laborales“
Contraloría interviene
El gerente general de Control de La Libertad, Joan Ramírez Merino, quien tuvo una primera reunión de trabajo con las nuevas autoridades provinciales, indicó que el no cumplir con el proceso de transferencia de gestión es grave, pues puede ocasionar perjuicios económicos a la municipalidad.
“La transferencia busca que la gestión municipal tenga continuidad y que la nueva gestión no se ve a afectada. Al existir un incumplimiento vamos a documentarlo e iniciar las acciones que correspondan. De existir una inconducta funcional de parte de las personas encargadas se procederá con las sanciones correspondientes. Existen muchas obligaciones que la municipalidad asume y no se pueden paralizar por el cambio de autoridades. Eso puede generar problemas”, dijo.
Explicó que, al no brindar la información administrativa de la comuna provincial, las nuevas autoridades pueden incumplir por desconocimiento algunas obligaciones, generando una penalidad o disolución de contratos. “Si ocurre esto hablamos de otro tipo de responsabilidad que se deriva de la falta de acceso a la información”, completó el contralor de La Libertad.
Patrulleros inoperativos
Joan Ramírez agregó que en los próximos días se emitirá un informe sobre la situación de los 59 patrulleros municipales adquiridos durante el mandato de José Ruiz. Adelantó que antes de culminar su gestión, el exalcalde de APP no cumplió con pagar a la contratista por la adquisición de los vehículos.
“Hay condiciones del contrato que no se han cumplido. Hay un contrato orientado a la adquisición de los vehículos y otro para la implementación. Todo esto fue comunicado a las autoridades salientes. Vamos a ver qué acciones han tomado. Si no lo han hecho vamos a determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales”, sostuvo.
