Escribe María Villalobos*
En columnas anteriores ya nos habíamos referido a la importancia que tiene una ordenanza municipal para desarrollar medidas y garantizar el bienestar de las personas en la vía pública. Además, esas normas aportan una base para establecer rutas de acción con el fin de atender denuncias, capturar sospechosos y proteger a las víctimas.
Lo lamentable, es que no todas las ciudades cuentan con normas que protejan a las mujeres en la vía pública. Algunas situaciones pueden incluir tocamientos indebidos, silbidos, fotografías y videos no consentidos.
Además de las municipalidades, los gobiernos regionales, como organismos superiores de administración, deben luchar contra el acoso en todos sus niveles. Lo penoso en el Perú, es que solo cinco gobiernos regionales cuentan con ordenanzas para sancionar el acoso en espacios públicos: Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna.
De ellos, La Libertad aparece en el puesto 11 (9 casos) del ranking de los departamentos con mayor número de casos de acoso sexual en espacios públicos de enero a septiembre del 2022, según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En el primer puesto se encuentra Lima Metropolitana con 82 casos.
Es sorprendente que fueron 261 casos de acoso sexual en espacio públicos los registrados entre enero y septiembre de este año por los Centro de Emergencia Mujer.
De esta cifras, las más afectadas fueron niñas y adolescentes, con un 129 casos registrados. Le siguen las mujeres adultas con una diferencia de 3 (126 casos) y al final 6 adultas mayores.
Cabe recalcar que este reporte corresponde solo a casos registrados, no se toma en cuenta aquellos existentes, en curso y que no se han reportado, con lo cual la cifra se elevaría al doble. Existe mucho miedo en las víctimas por ventilar su situación. Hay miedo a que su agresor tome represalias cuando se entere de la denuncia, lo cual lo único que logra es que la situación se agrave.
Se debe sumar la vigencia de la Ley 303104, la cual exige que las autoridades cumplan con dejar claro los procedimientos de denuncia y sanción de acoso contra las personas que permitan que sus colaboradores acosen en su lugar de trabajo, tener señalización para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, como establecimientos comerciales, transporte público y otros espacios comunes. Por último, brindar capacitación al personal, en especial, a miembros de seguridad para generar conciencia de esta problemática.
Con eso se entiende, al hablar sobre el acoso sexual, que no solo se trata de permitir un camino libre para la realización de denuncias y sanciones, sino que, también, de un trabajo de información y reiteración a través de señalización para que toda la ciudadanía sea consciente una y otra vez de que estos actos tienen una sanción grave.
No olvidar que la capacitación a los servicios de seguridad es más que importante, ya que, serán el primer contacto con la víctima. Si quienes deberían proteger no creen en quien denuncia y la acusan de mentir, no aporta en nada.
Como decía mi abuelo “papelito manda”. Si el gobierno regional, como ente regulador y sancionador, no anuncia la publicación de su ordenanza contra el acoso sexual es espacios públicos, la ciudadanía no acata y no cumple las órdenes. Si no hay una sanción de por medio, la población no suele cambiar sus acciones.
De igual forma, desde nuestra parte podemos ser partícipes del cambio, informando y educando a nuestros niños para modificar estos comportamientos y hacer de nuestra sociedad, en especial nuestras calles, un lugar más seguro.
- Estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UPAO. Creadora, editora gráfica y videográfica de @rozamiento___ (cuenta de Instagram sobre temas de educación sexual, comunidad LGBT, arte y cultura) . Activista social. Disfruto mucho del arte, la música, el cine y las largas conversaciones descifrando y cuestionando la sociedad.
