Veintiséis de diciembre de 2019. El regalo que tanto esperaba la población de Huamachuco estaba a punto de hacerse realidad apenas un día después de Navidad. Esa fecha, la municipalidad provincial de Sánchez Carrión suscribió el contrato para la ejecución de la obra Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con la empresa Marquisa Sac Contratistas Generales, que beneficiaría con los servicios básicos a más de 50 mil personas de esta ciudad andina de La Libertad.
La megaobra, valorizada originalmente en cerca de 94 millones de soles, tenía un plazo de ejecución de seiscientos sesenta días calendario, teniendo el mes de diciembre de 2021 como fecha de entrega.
Mientras la población celebraba esta buena nueva, los actores principales de ejecutarla —el alcalde Robert Contreras Morales, algunos de sus funcionarios de confianza y empresarios— negociaban bajo la mesa. A esta conclusión llegó la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional debido a una serie de irregularidades —algunas escandalosas— con las que se ejecutó esta obra, y que, debido a los presuntos actos de corrupción, terminará costando nada menos que 120 millones de soles.
El director de la Dircocor, Fredy López Mendoza, indicó que la licitación del proyecto debió realizarse en enero del 2019, pero por fallas en su elaboración se tuvo que postergar hasta nuevo aviso. Tras dos meses de su inicio, en marzo de 2020, los trabajos fueron paralizados porque el terreno por donde se instalarían 17 kilómetros de tuberías no había sido saneado por la municipalidad.
Primer aviso
La Contraloría General de la República, en su informe de control N° 10147-2021-CG/GRLIB-SCC, también advirtió situaciones adversas que “afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra”.
Entre estos figuran el incumplimiento de pagos de valorizaciones que tenía que efectuar mensualmente la comuna provincial a la contratista; la suspensión en la ejecución de los trabajos por no tener los terrenos saneados, lo que generaría el riesgo de penalidades pecuniarias a favor de la constructora; cambios de reservorios no previstos en el expediente técnico (lo cual generará una partida adicional de dinero), entre otros.
Además, Contraloría también detectó que algunos ingenieros de la constructora Marquisa no contaban con la habilitación del Colegio de Ingenieros del Perú para ejecutar los trabajos. Esta es una falta administrativa grave pues se corría el riesgo de que los documentos emitidos por la contratista “no cuenten con efectos administrativos y afecten el desarrollo normal de la obra”.
Una trama al descubierto
El Ministerio Público ha establecido tres presuntos delitos en los que habría incurrido el burgomaestre de Fuerza Popular, Roberto Contreras Morales y sus funcionarios. El fiscal responsable del operativo, Roberto Gerardo Lecaro Alvarado, del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad, señaló que se investiga a la autoridad por colusión agravada. Además, por tráfico de influencias para viabilizar de manera ilegal la ejecución de la obra, y por cohecho pasivo propio, debido a que se favoreció con la buena pro a la empresa Marquisa SAC, cuya sede está en la ciudad de Arequipa.
Por estos delitos, se desplegó un operativo conjunto la madrugada de este martes en Huamachuco, Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Chimbote y Lima; a cargo de 30 fiscales, un equipo de la Policía Nacional y representantes de la Contraloría. De un total de 17 investigados, se logró detener a 12. A todos ellos se les culpa de integrar la red criminal denominada Los capos de Huama.
Se allanaron 30 inmuebles, tres de ellos son entidades públicas: la municipalidad de Huamachuco; las oficinas del Ministerio de Vivienda donde se administra la plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos; y la OSCE en su oficina de Gestión de Riesgos, el Fondo Social Alto Chicama.
Investigados
Junto al alcalde de Sánchez Carrión están en calidad de investigados: Rufino Rodríguez Román (gerente municipal), Julio Alberto Flores Layza (gerente de Infraestructura, desarrollo urbano y rural), Lucy Cecilia Rojas Sánchez (jefa de la Unidad de Estudios y Preinversión), José David Pantoja Quiroz (subgerente de Logística), Emerson Alexander Pérez Estela (jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos), Lidia Celmira Ramírez Chacón (ingeniera), Eulalia Margot Romero Ortiz (proyectista).
Así como Jorge Luis Quipuzcoa Urdanivia (ingeniero), Pedro Gottlieb Alfaro Araujo (empresario), Rosbinda Iris Contreras Morales (cómplice-empresario), Pedro Gonzalo Vera Bringas (cómplice), Eduardo Marquina Cornejo (representante empresa contratista Marquisa SAC), Iván Francisco Salinas Chacón (residente de Obra), César Augusto Ahumada Vargas (representante legal Consorcio Saneamiento), Segundo Milquisidir Urrutia Vargas (jefe de supervisión de consorcio Saneamiento) y Juan Manuel Salazar Chero (jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras).
Durante su traslado a la comisaría en Huamachuco, el alcalde Robert Contreras aseguró que “se está poniendo a derecho para que se esclarezca todo”. Los delitos por los que se le investiga son colusión agravada, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
El juez Jenner Moisés Vásquez Martínez, del Noveno Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Permanente Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad, dispuso la detención preliminar de todas estas personas, el allanamiento de sus viviendas, registro de inmuebles (municipio), registro personal e incautación de bienes.
Involucrado con una banda criminal
No es la primera vez que el alcalde de Sánchez Carrión está involucrado con una red criminal. Buenapepa publicó, el 17 de mayo, un revelador testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía que identificó al actual burgomaestre como el autor intelectual de la extorsión contra Abimael Segura Romero, candidato opositor del partido Somos Perú, en vísperas de las elecciones regionales y municipales del 2018. (Leer nota: https://buenapepa.pe/implican-a-candidato-app-en-atentado-contra-regidora/)
En su declaración, el testigo con código de reserva FPC-FPC-LL09072018 sostuvo que Los Letales del Norte II, dejaron una corona fúnebre y una carta amenazante en la vivienda del candidato Abimael Segura, ubicada en el jirón Astete 61, sector Pilar Nores, en Huamachuco. “Abimael, tienes una semana para renunciar a tu candidatura. De lo contrario, tu familia te llevará coronas al cementerio”, decía la misiva. El candidato denunció el hecho en la comisaría de Huamachuco.
Según el testimonio brindado al fiscal, Los Letales del Norte II fueron contratados por el entonces candidato Robert Contreras Morales, actual alcalde de Huamachuco.
