En un esfuerzo por combatir el flagelo del crimen organizado, el Gobierno ha decidido extender el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, así como en otras dos provincias de Loreto.
Esta medida, anunciada por el primer ministro Gustavo Adrianzén, tiene como objetivo abordar la creciente influencia del crimen organizado, particularmente en áreas vinculadas con la minería ilegal.
Además de las provincias liberteñas, la medida del Gobierno incluye a Putumayo y Mariscal Castilla, ubicadas en Loreto.
La Policía tendrá el apoyo del Ejército
El premier anunció que en Pataz se implementarán medidas específicas para reforzar el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
El crimen organizado transnacional, estrechamente vinculado con la minería ilegal, ha sido identificado como una amenaza grave para la seguridad ciudadana en estas regiones.
En particular, la presencia delictiva en la zona de Pataz ha generado preocupaciones significativas, especialmente en torno a la mina Poderosa, donde recientes atentados perpetrados por mafias vinculadas a la minería ilegal han resultado en pérdidas humanas.
Según Adrianzén, la naturaleza agreste de estas áreas facilita las operaciones nocturnas de los grupos delictivos, lo que les permite llevar a cabo acciones ilícitas con relativa impunidad.
En respuesta a esta situación, se han planificado una serie de acciones coordinadas entre los servicios de inteligencia, los ministerios del Interior y de Defensa, así como representantes de la mina Poderosa.
Aunque los detalles específicos de estas medidas se mantienen en reserva por razones de seguridad, Adrianzén ha adelantado que se esperan importantes detenciones en los próximos días.
Además, se llevarán a cabo intervenciones en áreas donde se presume que estas organizaciones criminales mantienen arsenales, con el objetivo de establecer un control territorial más efectivo.
Trujillo y Pataz en estado de emergencia desde febrero
Desde que se decretó el estado de emergencia en Pataz en febrero de este año, el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo una serie de operativos y acciones de interdicción contra la minería ilegal.
Estas operaciones tuvieron algunos resultados significativos, incluido el rescate de víctimas de trata de personas y la incautación de bienes valorados en millones de soles; pero no se ha podido erradicar a las mafias de minería ilegal.
Queda claro que esta es una batalla en curso que requiere una colaboración continua entre el Estado, las fuerzas del orden y la sociedad en su conjunto para lograr resultados sostenibles.
