La provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, se encuentra sumida en una situación alarmante, enfrentando una ola de violencia que desafía las medidas de emergencia implementadas por el Gobierno.
A pesar de haber sido declarada en estado de emergencia debido a la alta actividad criminal por mafias vinculadas a la minería ilegal, la violencia persiste y se intensifica, dejando un rastro de destrucción y tragedia en su camino.
Pataz: minería ilegal y bandas organizadas toman el control
El reciente ataque a Minera Poderosa el pasado 5 de abril, donde dos torres de alta tensión fueron dinamitadas por presuntos mineros ilegales, ha dejado un saldo trágico: un muerto y dos heridos.
Este acto de vandalismo se suma a una serie de ataques previos, elevando el total de torres dinamitadas a 15 en la zona.
Pablo de la Flor, encargado de Comunicaciones Corporativas de Minera Poderosa, describe la situación como “inexplicable y sumamente compleja”, destacando la colusión entre mineros ilegales y grupos criminales que operan en la región.
¿Y el estado de emergencia?
A pesar de la presencia de 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército en la zona, como parte de la declaratoria de emergencia, la violencia persiste y se intensifica.
El general EP David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el general de la Policía, Martín Villalón Trillo, visitaron la provincia de Pataz para supervisar las operaciones militares ejecutadas por el Comando Unificado Pataz. Sin embargo, la presencia militar no ha logrado contener la ola de ataques.
Las Fuerzas Armadas buscan intensificar las actividades de inteligencia para capturar a los responsables de los recientes actos criminales, pero la extensión del área y la falta de recursos limitan su capacidad de acción.
Los acontecimientos en Pataz ponen de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrentan las operaciones mineras en la región, así como la urgente necesidad de abordar la minería ilegal y su vinculación con el crimen organizado.
