El Gobierno ha anunciado la creación de un Frente Policial en la provincia de Pataz, en La Libertad, como parte de una estrategia integral para hacer frente a la problemática de la minería ilegal en la región.
Esta medida se suma a la reciente ampliación del estado de emergencia en Pataz, así como en otras zonas del país afectadas por esta actividad ilícita.
El ministro del Interior, Walter Ortiz, fue el encargado de dar a conocer esta decisión gubernamental, destacando que el Frente Policial en Pataz contará con todas las unidades operativas de la Policía Nacional, respaldadas por el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
Pataz, zona roja por la minería ilegal
Esta iniciativa busca fortalecer la presencia del Estado y mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden para combatir eficazmente la minería ilegal.
En sus declaraciones a la prensa, Ortiz enfatizó la importancia de esta medida en el marco de la ampliación del estado de emergencia en Pataz.
La coordinación para la implementación de este frente se llevará a cabo a través del Ministerio del Interior, asegurando así una acción conjunta y coordinada para hacer frente a esta problemática que afecta tanto a la seguridad como al medio ambiente en la región.
El anuncio del ministro del Interior se produjo en el contexto de un atentado con explosivos en un colegio particular en el distrito limeño de Los Olivos.
Ortiz aseguró que la Policía ya está investigando este incidente y que se reforzará la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El diálogo entre el Gobierno y las autoridades locales también ha sido fundamental en este proceso. Ortiz informó haber mantenido conversaciones con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, así como con el comisario de la zona, solicitando su colaboración para reforzar la seguridad en la jurisdicción a su cargo.
Amplían estado de emergencia en Trujillo y Pataz
Esta decisión gubernamental se suma a la ampliación del estado de emergencia en otras zonas afectadas por la minería ilegal, como Trujillo en La Libertad, y las provincias del Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto.
Con estas medidas, el Gobierno busca combatir esta actividad ilegal que no solo afecta la seguridad ciudadana, sino también el medio ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.
