Ante la ola criminal y delitos violentos en la región La Libertad, el Gobierno ha decidido extender por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz. La medida, oficializada a través de decretos supremos publicados en el diario El Peruano, entrará en vigor este lunes 10 de marzo y busca frenar la ola delictiva que afecta a miles de ciudadanos.
El estado de emergencia contempla la suspensión de diversos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esto permitirá que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas tengan un mayor margen de acción para realizar operativos sin necesidad de órdenes judiciales.
Cada provincia enfrenta una problemática de inseguridad:
Virú
- El aumento de homicidios, extorsiones y robos ha convertido a la provincia en un foco de inseguridad, afectando tanto a la población como a las actividades comerciales y agrícolas.
Pataz
- La minería ilegal sigue siendo el principal detonante de la violencia en esta provincia, donde operan organizaciones criminales vinculadas a delitos como el tráfico de armas y el sicariato.
Trujillo
- La capital de la región es el epicentro de delitos de alto impacto, como asesinatos, lesiones graves y extorsiones. Bandas organizadas continúan operando con armas de fuego y explosivos, desafiando a las autoridades.
Intervención militar en Trujillo, Virú y Pataz
La PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas, será la encargada de ejecutar operativos en las zonas más convulsionadas por el crimen, en estricto cumplimiento de la legislación sobre el uso de la fuerza. Se espera que esta intervención permita desarticular bandas criminales, reducir los índices de violencia y recuperar el control de las calles.
El estado de emergencia en La Libertad ya se había implementado en ocasiones anteriores, pero la escalada de crímenes ha obligado al Gobierno a prolongar la medida. Autoridades locales y ciudadanos esperan que esta vez las acciones sean más efectivas y se tomen medidas a largo plazo para combatir la inseguridad de manera estructural.
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