La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) de La Libertad ha logrado una sentencia de 35 años de pena privativa de libertad contra Nelson Eduardo Cárdenas Anzola y Alirio Alejandro Lizardo Rito. Ambos fueron hallados culpables por la explotación sexual agravada de menores de edad y adultos en concurso ideal, un caso que ha conmocionado a la región por su brutalidad y alcance.
Trujillo: así captan víctimas las redes de trata
El Tercer Colegiado Penal Supraprovincial de Trujillo emitió el fallo luego de que la Fiscalía demostrara la participación de los acusados en una red de explotación sexual que afectaba principalmente a mujeres extranjeras provenientes de Venezuela y Colombia.
Las víctimas eran captadas bajo falsas promesas de trabajo, siendo trasladadas a Trujillo, donde quedaban atrapadas en una red de explotación sexual bajo amenazas y coerción.
El caso, que desnudó las terribles condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres migrantes, reveló cómo los responsables mantenían cautivas a las víctimas en locales clandestinos, obligándolas a prestar servicios sexuales en hoteles y burdeles de la región. Bajo el pretexto de una deuda inexistente por su traslado, las víctimas eran forzadas a vivir bajo amenazas constantes.
Además de la condena, el tribunal impuso una reparación civil de S/ 280,000.00 a favor de las víctimas, buscando aliviar parte del daño causado por los años de sometimiento.
Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas La Libertad reiteró su llamado a la población a denunciar cualquier indicio de trata de personas y a seguir luchando contra la explotación sexual, reafirmando su compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Las denuncias pueden realizarse a través de los canales habilitados: el teléfono móvil N.º 937640285, el fijo N.º 01 625 5555 anexo 44250, el correo fistrap.lalibertad@mpfn.gob.pe o de forma presencial en la sede central del Ministerio Público en Trujillo.
Explotación sexual: cifras alarmantes en el Perú
Según datos del Ministerio Público, entre 2009 y 2017 hubo 5,707 denuncias por trata de personas en Perú, involucrando a un total de 7,463 víctimas. En 2017, casi el 60 % de los casos fueron de explotación sexual, seguido por explotación laboral (20 %), mendicidad (8 %), explotación doméstica (7 %) y venta de niños (3 %).
Preocupa especialmente la situación de menores de edad y mujeres migrantes. Según la ONG CHS Alternativo, la captación de víctimas ocurre a través de ofertas de empleo, relaciones amorosas, viajes y promesas de mejora económica.
Las principales modalidades son la explotación sexual y laboral en minería ilegal, bares, hogares y trabajo doméstico. Sin embargo, las estadísticas oficiales podrían estar subestimando la realidad, ya que existe un subregistro de casos, especialmente en explotación laboral.
Según el Ministerio Público, entre 2009 y 2017 hubo 5,707 denuncias por trata de personas en Perú, involucrando a un total de 7,463 víctimas. En 2017, casi el 60 % de los casos fueron de explotación sexual
Además, la OIM encontró que el 20.2 % de migrantes venezolanos encuestados en Lima recibieron menos de lo acordado y el 8.5 % no recibió pago alguno por su trabajo, reflejando su vulnerabilidad a la explotación.
Expertos cuestionan que la data disponible provenga sólo de denuncias, pues muchas víctimas no se animan a reportar por miedo, desconocimiento o dependencia de sus tratantes.
Cecile Blouin, investigadora del IDEHPUCP, sostiene que esta realidad parcial debe usarse para construir políticas públicas pensadas desde y para las víctimas, cuestionando y reconstruyendo la información.
Si bien las estadísticas oficiales muestran una problemática grave, especialmente para menores y mujeres migrantes, la falta de datos confiables y la alta cifra negra evidencian la necesidad urgente de mejorar los sistemas de registro y atención a víctimas de trata en Perú.
