En respuesta a la clausura de su sede en Trujillo, el centro comercial Mall Plaza ha entablado una demanda de amparo constitucional contra la Municipalidad Provincial de Trujillo.
La empresa ha etiquetado la acción de la municipalidad como “arbitraria” y “carente de una base legal sólida”. El tema ahora pasó a ser una disputa jurídica por el cumplimiento de las normativas de seguridad, con Mall Plaza argumentando que en todo momento se cumplió con las regulaciones pertinentes.
La empresa dice tener en su posesión el Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, válido hasta 2024, y una licencia de funcionamiento en vigor. Mall Plaza también sostiene que subsanó “las observaciones menores levantadas por la autoridad”, las cuales no considera razón suficiente para justificar un cierre.
El centro comercial denuncia el efecto adverso de la medida ordenada por la gestión de Arturo Fernández sobre los trabajadores, las tiendas y la comunidad de Trujillo, clamando que han sido privados injustamente de su acceso al sitio.
Más de 250 establecimientos y cerca de 7.500 empleados han sido afectados por la clausura, así como la dinámica comercial y el servicio a cerca de 1,5 millones de personas que visitan el recinto mensualmente.
Balacera en Mall Plaza Trujillo
Este conflicto surge tras el tiroteo ocurrido en las instalaciones del centro comercial el 23 de diciembre de 2023, dejando un hombre fallecido y tres heridos. El incidente llevó a la municipalidad a inspeccionar el lugar y finalmente clausurar el establecimiento por 30 días, citando problemas de seguridad.
Postura de Arturo Fernández
El alcalde Arturo Fernández Bazán se había manifestado anteriormente sobre la aparente falta de medidas de seguridad en el mall, recomendando evitar visitas.
Además de Mall Plaza, la municipalidad también ordenó el cierre del centro comercial Real Plaza, por 30 días hábiles, tras hallar fallas eléctricas en sus instalaciones.
Eduardo Liu, gerente de Seguridad Ciudadana, defendió la decisión municipal como necesario para tratar un deterioro en los tableros eléctricos y extintores caducados, y rechazó cualquier acusación de manipulación o premeditación en las clausuras.
El comité de Restaurantes de la Sociedad Nacional de Industrias ha criticado las clausuras, y las considera perjudiciales para las familias trabajadoras y contraproducentes para la reactivación económica. Han instado a las autoridades a que sus intervenciones se alineen con la legalidad vigente.
