La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) enfrenta una demanda solidaria de aproximadamente 100 millones de soles debido al cierre del mall en el 2023, bajo la gestión del suspendido alcalde Arturo Fernández Bazán.
Mario Reyna Rodríguez, actual burgomaestre, confirmó la noticia y expresó su preocupación por las graves consecuencias que este proceso legal podría traer para la ciudad.
El millonario reclamo no solo afecta al hoy prófugo Arturo Fernández, sino que también involucra solidariamente a la comuna trujillana.
“Si se pierde el juicio, sería catastrófico para las finanzas de la municipalidad y, por ende, para la ciudad”, advirtió Reyna, quien evitó entrar en detalles sobre la demanda para no agravar la situación. No obstante, señaló que algunos atropellos cometidos durante el año pasado han llevado a instituciones y personas afectadas a tomar acciones legales.
Trujillo: así fue el cierre del Mall Plaza ordenado por Arturo
El cierre del Mall Plaza fue decretado por la gestión de Arturo Fernández Bazán tras el asesinato ocurrido el 23 de diciembre en sus instalaciones. Según explicó Eduardo Li, por aquel entonces gerente de Seguridad Ciudadana, la medida respondió a deficiencias en tableros eléctricos, mala segregación de residuos sólidos y la presencia de extintores vacíos.
Cuatro días después, la municipalidad hizo lo mismo con el Real Plaza. La Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) emitió un comunicado en el que reveló que la medida, la cual consideraron arbitraria, perjudicó a más de 1,000 comercios y dejó en incertidumbre a alrededor de 8,000 trabajadores en ambos centros comerciales.
Millonarias pérdidas económicas
El golpe económico se produjo en una de las temporadas más importantes del año, cuando las ventas suelen alcanzar su pico más alto debido a las fiestas navideñas y de Año Nuevo.
Sin embargo, el impacto fue mucho mayor. BuenaPepa conversó con Francisco Huerta Benítes, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, quien explicó que las consecuencias del cierre se dividen en directas e indirectas.
“Las consecuencias directas son evidentes: tiendas cerradas y trabajadores sin empleo. Pero las indirectas afectan a toda la cadena de proveedores, quienes ven reducidas sus ventas drásticamente”, detalló.
Según el decano del gremio de economistas, las cifras alcanzaron niveles alarmantes: Mall Plaza genera aproximadamente 5 millones de soles al día, mientras que Real Plaza contribuye con 1.5 millones diarios. En total, ambas paralizaciones representaron una pérdida de 6.5 millones de soles diarios, lo que equivale al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI) de Trujillo.
“La caída del PBI significa destrucción de riqueza y, por lo tanto, un claro retroceso económico para la ciudad”, advirtió.
El cierre de ambos centros comerciales también tuvo un impacto devastador en el empleo. Se estima que Trujillo tiene alrededor de 37,000 desempleados. Según el Colegio de Economistas de La Libertad, con la clausura del Mall Plaza y el Real Plaza durante las fiestas navideñas, esta cifra aumentó hasta los 42,000 desempleados, elevando la tasa de desempleo del 7.1 % al 10 %.
Mall Plaza genera 5 millones de soles al día, mientras que Real Plaza contribuye con 1.5 millones diarios. En total, ambos cierres representaron una pérdida de 6.5 millones de soles diarios, lo que equivale al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI) de Trujillo.
El efecto fue especialmente grave para los pequeños emprendedores, quienes durante la campaña navideña y de Año Nuevo habían alquilado estands para ofrecer sus productos.
Arturo Fernández desde las sombras
Arturo Fernández Bazán, quien fue suspendido de su cargo, sigue acumulando problemas legales. Recientemente, un juez emitió un segundo pedido de captura en su contra. Mario Reyna recordó que, en algún momento, le aconsejó al exalcalde que evitara meterse en situaciones complicadas.
“Me apena mucho la situación en la que se encuentra”, comentó, haciendo alusión a la presión judicial que enfrenta Fernández.
Aseguró que la municipalidad ha presentado denuncias contra Fernández a través de la Procuraduría Municipal, que están siguiendo el curso legal correspondiente.
