El estado de emergencia decretado para Trujillo y Pataz considera que los eventos sociales, fiestas y espectáculos quedan suspendidos.
Esta medida apunta a evitar el funcionamiento de negocios, en los cuales se concentre un número relevante de personas y el expendido de alcohol, los cuales configuran un escenario propicio para la ocurrencia de hechos delictivos.
Los decretos supremos 018-2024-PCM y 019-2024-PCM, que formalizan el estado de emergencia en Pataz y Trujillo, respectivamente, señalan que “se encuentran suspendidos desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas, los eventos sociales y espectáculos”.
Esta medida apunta a evitar el funcionamiento de negocios, en los cuales se concentre un número relevante de personas y el expendido de alcohol, los cuales configuran un escenario propicio para la ocurrencia de hechos delictivos.
Corresponde ahora a la autoridad iniciar operativos para que se cumpla con este mandato, y a los propietarios de estos negocios actuar con responsabilidad a fin de colaborar en la lucha contra la delincuencia.
San Valentín sin fiestas
La norma entra vigencia esta noche, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, cuando los negocios de diversión reciben a cientos de clientes, quienes buscan pasar momentos festivos junto a sus parejas y amigos.
La prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, aseguró que esta noche empezarán con los operativos para que se cumpla lo estipulado en los decretos supremos que formalizan el estado de emergencia en las dos provincias de la región.
Adelantó que se debe acatar que todos los espectáculos y reuniones sociales deben terminar a las doce de la noche.
Por su parte, el Colegio de Economistas de La Libertad estimó que el estado de excepción en Trujillo y Pataz representarán pérdidas superiores a los 300 mil soles diarios para los negocios de diversión nocturna.
El decano de esta orden, Francisco Huerta Benites, aclaró que en ese estimado no se ha considerado el movimiento económico que se activa con los servicios para reuniones familiares como bautizos, aniversarios, matrimonios y cumpleaños.
Derechos constitucionales suspendidos
En medio de la implementación del estado de emergencia, cuatro son los derechos constitucionales de los ciudadanos se ven amenazados.
Las disposiciones legales que garantizan la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento, el derecho a reunirse pacíficamente y la libertad y seguridad personales están suspendidos en nombre de la seguridad pública.
El inciso 9 del artículo 2 de la Constitución establece con claridad que nadie puede ingresar a un domicilio sin autorización o mandato judicial, salvo en casos de flagrante delito o grave peligro.
Las disposiciones legales que garantizan la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento, el derecho a reunirse pacíficamente y la libertad y seguridad personales están suspendidos en nombre de la seguridad pública.
Sin embargo, en esta situación de emergencia dictada para Trujillo y Pataz, las fuerzas del orden pueden ingresar a las viviendas o en cualquier lugar sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
De manera similar, el inciso 11 del artículo 2 garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia y a transitar libremente por el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades policiales o militares pueden intervenir o detener a personas de forma arbitraria, sin importar las circunstancias.
La libertad de reunión, protegida por el inciso 12 del artículo 2, también se ve afectada. Nadie puede reunirse en lugares privados o públicos, abiertos o cerrados, sin el previo aviso de las autoridades.
Finalmente, el inciso 24 del artículo 2 asegura el derecho a la libertad y seguridad personales. Así, se establece que nadie puede ser detenido sin un mandamiento escrito y motivado del juez, a menos que sea en caso de flagrante delito.
Sin embargo, en esta situación de emergencia, las detenciones pueden ser ejecutadas sin órdenes judiciales ni evidencias de delito flagrante.
Es obligatorio que las autoridades actúen de acuerdo con la ley y respeten plenamente los derechos fundamentales de la población, incluso en situaciones de crisis o emergencia como la que se vive en Pataz y Trujillo.
La protección de la seguridad no debe ser utilizada como excusa para socavar los cimientos de nuestra democracia.
