La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) sancionó a la empresa de transportes Miramar S.A. y al conductor Abner Gutiérrez Luna tras un accidente ocurrido en la urbanización Santa María, que pudo haber tenido consecuencias fatales. La infracción al transporte público quedó registrada en la papeleta N° B-002-001137879 y generó una sanción ejemplar para garantizar la seguridad vial.
Trujillo: sanciones impuestas a Miramar S.A.
Carlos Torres Navarro, subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la MPT, informó que la infracción fue catalogada como muy grave según el código T-05, correspondiente a prestar servicio de transporte público con unidades que sean causantes de accidentes graves. Las medidas adoptadas incluyen:
| Internamiento del vehículo infractor | De placa T2R-759, en el depósito municipal. |
| Suspensión del permiso de operaciones de la empresa | Durante un periodo de 30 días. |
| Cancelación del certificado de habilitación vehicular del conductor involucrado. | Por la infracción del código T-05, considerada como muy grave. |
Además, la sanción implica una multa económica equivalente a 1.5 unidades impositivas tributarias (UIT), lo que asciende a S/ 5350. Esta penalidad se aplica tanto al conductor como a la empresa.
¿Y la nueva ordenanza? ¿Para cuándo?
El alcalde Mario Reyna expresó su preocupación ante la falta de aprobación de una nueva ordenanza de fiscalización que permitiría endurecer las sanciones y garantizar un transporte público más seguro. Según el burgomaestre, la actual normativa permite que las empresas infractoras paguen la multa y reanuden operaciones una vez cumplido el plazo de suspensión, lo que limita el impacto de las medidas correctivas.
«La falta de esta ordenanza genera que sanciones como la suspensión de 30 días sean insuficientes, ya que las empresas simplemente pagan la multa y vuelven a operar. Si la norma estuviera vigente, las sanciones serían más estrictas y habría una mejora en la calidad del servicio de transporte público”, explicó Reyna.
El alcalde también destacó que envió una carta notarial al Concejo Municipal, instándolos a debatir y aprobar la normativa en un plazo máximo de 15 días. De no cumplir, los regidores podrían enfrentar notificaciones o demandas judiciales, e incluso la destitución de sus cargos.
