Tenía permiso para operar como restaurante, pero funcionaba como discoteca y bar, alterando el orden público. El restaurant D’Juerga, ubicado en la urbanización Monserrate, frente a la Universidad Privada Antenor Orrego (Upao), fue clausurado treinta días por la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Personal municipal desplegó un operativo inopinado y descubrió que tampoco tenía vigente el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, requisito indispensable para su funcionamiento.
“La situación en la urbanización Monserrate es crítica debido a los chupódromos o antros que perjudican a los jóvenes estudiantes”, mencionó el alcalde Arturo Fernández Bazán, quien participó del operativo y recibió varios insultos.
D’Juerga funciona en un local de tres pisos, que es administrado por Corporación & Marketing SRL, y se le impuso sanciones por desarrollar actividades comerciales no autorizadas, estipuladas en el código B-310. También fue sancionado por negarle el permiso a los inspectores de salud para que fiscalicen la cocina.
Más control en Trujillo
Por su parte, la Subgerencia de Riesgos de Desastres y Defensa Civil procedió a clausurar temporalmente el local por un período de 30 días hábiles al no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificación (ITSE). Este certificado garantiza que el lugar cumple con los estándares mínimos de seguridad establecidos por la normativa vigente, tras la correspondiente inspección.
Durante la intervención, se levantó un acta en la que se señalaron algunas observaciones. Se requiere que se corrijan dichas observaciones y se obtenga el certificado ITSE, aunque se descubrió que el tipo de negocio en el que operaban no era acorde con la zonificación correspondiente.
Adicionalmente, se constató que el local excedía su capacidad permitida, albergando a más de 30 personas en cada uno de sus ambientes, cuando solo se les permitía tener la mitad de esa cantidad.
“Estos locales frente a la universidad perjudican a las familias que viven aquí. Han dejado que se vulneren sus derechos y no luchan por la tranquilidad de sus hijos”, manifestó Arturo Fernández.
