Una raya más al tigre o, lo que es lo mismo, una denuncia más al historial de Arturo Fernández Bazán. El alcalde de Trujillo y dos gerentes municipales fueron denunciados ante el Ministerio Público por los actos vandálicos suscitados durante la sesión de concejo en la que se ratificó la suspensión del burgomaestre.
La denuncia fue interpuesta por el pleno de regidores la tarde del lunes 20, luego de que el concejo, tras los disturbios ocurridos en el palacio municipal, debatiera la reconsideración de la sanción contra la autoridad provincial.
“Fue una odisea poder ingresar a la municipalidad, pues las puertas estuvieron cerradas. Luego, extrañamente, el gerente general y el de Seguridad Ciudadana abrieron las puertas para que los manifestantes ingresen y frustren la sesión”, cuestionó el primer regidor Mario Reyna Rodríguez, en conferencia de prensa.
Indicó que con la ayuda de algunos trabajadores municipales, se les permitió el acceso a la sala de regidores donde pudieron continuar con la sesión. Sin embargo, esta en todo momento se llevó a cabo con el riesgo de ser interrumpida por el violento accionar de los simpatizantes de la gestión de Arturo Fernández, quienes arrojaron huevos y hasta rompieron los vidrios de las ventanas de la sala de regidores para frustrar la votación.
Arturo Fernández y dos gerentes denunciados
La denuncia penal se interpuso contra Arturo Fernández, alcalde provincial; Jesús Velásquez Reyna, gerente general de la municipalidad, y Eduardo Liu Palacios, gerente de Seguridad Ciudadana.
El delito por el que fueron denunciados está tipificado en el artículo 366 del Código Penal y es violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
“El delito es perturbación en lugares donde las autoridades ejercen la función pública y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Más allá de los golpes, improperios y objetos que nos han lanzado, hemos continuado. Esto demuestra el actuar delictivo de algunas personas que deben ser sancionadas por las autoridades judiciales”, prosiguió Mario Reyna.
“Quería traerse abajo el proceso”
El también regidor Luis González Rosell apuntó que las intenciones de Arturo Fernández fueron impedir a como dé lugar el desarrollo de la sesión para traerse abajo le proceso de suspensión en su contra.
“El alcalde ha intentado impedir la sesión de ayer por un tema puntual. El 14 de setiembre se aprobó la suspensión del alcalde, pero él sigue en funciones. Él hace uso extremo de los plazos legales para apelar y pedir reconsideración. La fecha límite para evaluar la reconsideración era el 20 de noviembre. Si no se llevaba ayer el proceso de suspensión se caía. Él lo sabía, por eso ha tratado por todos los medios que el concejo no sesione”, declaró.
Cabe precisar que Arturo Fernández tiene un plazo de 10 días para apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la suspensión ratificada por el concejo; a su vez, el ente electoral tiene un plazo de 30 días hábiles (45 días calendario) para ejecutar la sanción contra el alcalde. Quien sucedería en el cargo sería Mario Reyna en su calidad de primer regidor.
El caso que sepultó a Arturo Fernández
La causal de suspensión del burgomaestre provincial es el proceso por difamación que se le abrió por hechos ocurridos el martes 4 de mayo de 2021, cuando Arturo Fernández era alcalde distrital de Moche.
Aquella vez, Fernández fue citado a una audiencia en la Tercera Macrorregión Policial La Libertad para responder por su abrupta intervención que resultó en su detención en la comisaría de Moche.
Cuatro días antes, el 30 de abril de 2021, Arturo Fernández incurrió en el delito de abuso de autoridad al alterar el orden público e impedir que los trabajadores del Ministerio de Salud retiraran once frascos que contenían sesenta y seis vacunas contra la covid-19, las cuales sobraron de la jornada de vacunación en el coliseo Luz Marina Neyra de Fernández de Moche.
“No podemos normalizar actos violentos de parte del alcalde y de sus simpatizantes. Pedimos que pare la violencia, todos tenemos derechos, opiniones a favor y en contra; no podemos llegar a esos niveles. Vivimos en un estado democrático”.
— Jorge Vásquez Tirado, regidor
Tras rendir sus declaraciones en el Ministerio Público, Fernández brindó declaraciones que “ofensivas, ultrajantes e injuriosas” dirigidas hacia la teniente PNP Nataly Rojas Rojas, quien ordenó su detención en la comisaría de Moche.
“Póngase bien los pantalones”, “póngase bien ese calzón”, “póngase bien ese sostén”, “váyanse porque están dañando la imagen del uniforme”, “deben estar en el VRAEM luchando como se requiere, no metidos en sus oficinas calentando ese asiento con ese traserazo”, fueron las declaraciones que el alcalde dijo en una transmisión en vivo.
El Poder Judicial ratificó en segunda instancia la condena por difamación y, con ello, el concejo provincial aprobó la suspensión del alcalde, en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
