Las más vistas del 2022: una de cada dos motos robadas se usa para delinquir

Son las ocho de la noche y Humberto acaba de llegar a la ubicación que le marca el GPS. Estaciona su moto frente al parque, mientras Melissa, su esposa, quien lo acompaña a todos los repartos, desciende con la caja térmica para entregar el paquete. Humberto se apresura a buscar el domicilio en un pasaje de la urbanización Los Pinos. Su cónyuge aguarda su regreso. Ambos son venezolanos y desde hace tres años se ganan la vida en Trujillo brindando el servicio de delivery.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, el servicio de entregas a domicilio —principalmente de restaurantes, tiendas y supermercados— creció en un 250 % en el Perú, según un estudio de la empresa Touch Task.

“No me imagino qué pasaría con nosotros si se llega aprobar la prohibición, yo trabajo con mi esposa. Ella lleva la mochila (caja de reparto) y me cuida la moto cuando yo bajo a entregar los pedidos. Esta es nuestra única manera de ganarnos la vida”, cuenta Humberto, un señor amable de 50 años, de profesión ingeniero que ahora se gana la vida en esta ciudad del norte del Perú como repartidor.

Semáforo en rojo
Fue el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el encargado de agitar las calles tras aprobar el proyecto de ley que prohíbe viajar a dos personas en una moto. El anuncio lo dio el pasado 16 de febrero, aunque la iniciativa había sido comentada una semana antes por Aníbal Torres, el cuarto premier del gobierno de Pedro Castillo, quien afirmó que la medida busca enfrentar el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, sobre todo, en la capital del país.

Como era de esperarse, miles de ciudadanos que usan este vehículo para transportarse han mostrado su rechazo pues consideran que en la lucha contra la delincuencia común y organizada, la pita se rompe por el lado más débil. Primero las movilizaciones se concentraron en Lima y Callao. Después se sumó Trujillo, Arequipa, Tumbes, Chimbote, entre otras.

Esta propuesta no es reciente. Ya se discutió en el 2017, cuando el congresista pasqueño de Fuerza Popular, Clayton Flavio Galván Vento, presentó el Proyecto de ley 1696/2016-CR, con el objetivo de prohibir que los conductores de estas unidades lineales lleven consigo a uno o más pasajeros. El titular del Interior de aquel entonces, Carlos Basombrío, también avaló una medida similar: planteó que se prohíba el desplazamiento de dos pasajeros varones en moto, aduciendo que estas favorecen el escape de delincuentes.

La iniciativa resurge, cuatro años después, de la mano de César Campaña Aleman, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad (Coresec). El funcionario presentó la solicitud al gobierno de Pedro Castillo. ¿El motivo? La imparable ola criminal que azota a esta región norteña. El Coresec argumenta que los delitos contra el patrimonio —léase hurtos y robos— son los ilícitos que más afectan la tranquilidad de los ciudadanos de a pie y los que generan un incremento de la percepción de inseguridad.

Para presionar al Poder Ejecutivo,  el Coresec envió el consolidado de hurtos y robos cometidos en La Libertad. En el 2020 se perpetraron 5813 ilícitos (año atípico por la covid-19), y en el 2021 se denunciaron 7856, de los cuales el raqueteo, cogoteo, arrebato y marcaje son los más frecuentes. En su mayoría, los delincuentes huyeron a bordo de vehículos siendo la motocicleta el más usado para ese fin.

“Nos complace saber que el primer ministro ha acogido el pedido para que se prohíba dos pasajeros en una moto. Esa era una iniciativa que estábamos impulsando. Si miramos el tema de homicidios, en La Libertad el 90 % de ellos se produce por armas de fuego, en un porcentaje similar, los sicarios usan motos para trasladarse. Bajan de la moto, disparan y huyen. Este es el principal vehículo que utilizan”, comenta César Campaña a buenapepa.

Igual posición manifiesta Giovanni Osorio Elguera, jefe de la Divincri La Libertad, quien cree que la aprobación de esta norma “va a permitir a los ciudadanos estar un poco más tranquilos ante la proximidad de una moto con una sola persona”. “Cuando vemos a dos personas en una moto hay un indicio de que podríamos ser víctimas de un asalto. Todavía no tenemos una disposición sobre el proyecto de ley, se está esperando la implementación”, indica.

A grandes males, grandes remedios
Ambas autoridades justifican la prohibición promovida por el Gobierno por la alta incidencia de delitos que se cometen, siendo la motocicleta el vehículo más empleado por los hampones para huir impunemente. Pero no consideran un dato importante: la mitad de estas unidades son robadas para ser usadas en atracos y crímenes. La División de Estadística de la Policía registró, entre enero y noviembre del 2021, 7339 robos de motos lineales en el país, un promedio de 611 unidades al mes, 20 al día.

Esta misma data policial indica que cinco de cada diez unidades robadas son usadas para actos delictivos. El resto son desmanteladas y sus autopartes vendidas en el mercado negro. Incluso, los delincuentes tienen preferencias al despojar una moto de su dueño. Según la Policía, los modelos de las marcas Bajaj, Honda y Yamaha son las más robadas en el Perú. Lima, Cajamarca y La Libertad lideran el ranking.

Sobre esta situación alza la voz Oscar Benel Aguirre, presidente de la Asociación de Clubes de Motociclistas de La Libertad. Afirma que el Gobierno, al presentar la iniciativa de prohibir dos pasajeros, no considera las numerosas denuncias de robos de motocicletas que se presentan en todo el Perú.

“Nosotros somos los principales afectados por la delincuencia, nos roban la moto para delinquir. Nos roban la moto y luego nos extorsionan exigiendo el pago de mil o dos mil soles para que la devuelvan. Si la intención es frenar los delitos se tienen que reforzar los operativos; si hay conductores que no tienen sus documentos en regla tienen que ser sancionados, no importa si viajan en moto o auto”, declara.

¿Qué se viene ahora?
Solo en el 2021, se vendieron 291,490 motos a nivel nacional. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), esto significa un incremento del 49.9 % en comparación con el 2020, y del 74.2 % con respecto al 2019. Este importante aumento se explica por la creciente acogida de estos vehículos como un medio de transporte seguro en el contexto de pandemia. Otro factor importante, según la AAP, es que las motocicletas son utilizadas como herramientas de trabajo en servicios de delivery.[MOU1] 

En esa línea, Lima ocupa el primer lugar de ventas e inmatriculación de motos con 135,831 durante el año pasado. Le sigue Chiclayo con  42,223 unidades, Piura (28,158), Pucallpa (22,744), Tarapoto (15,553) y Trujillo (14,744).

De prosperar el planteamiento del Ministerio del Interior, las familias de los niveles socioeconómicos más bajos serían las más afectadas. José Sánchez Porras, economista y docente de la Universidad Privada del Norte (UPN), explica que en las zonas donde el uso de motos es más intenso, habría una disminución del consumo, el gasto de transporte sería más costoso, los tiempos para movilizarse serían más amplios, y hasta afectaría la productividad de algunas empresas.

“Muchos utilizan este medio para movilizarse o movilizar a sus familiares. No solo es una herramienta de trabajo sino de transporte. El impacto sería directo. Desde la perspectiva económica si se limita la posibilidad de que haya más de un pasajero en estos vehículos se afecta directamente a la calidad de vida de las personas. Eso significaría más gastos familiares y para las empresas también. Los obligaría a migrar a medios de transporte más costosos”, declara.

El economista aclara que la realidad de cada región es distinta, por lo que para dar luz verde a una prohibición de este tipo se requiere de una evaluación técnica. “Si no se consideran esos criterios estarían en un escenario de prueba y error y eso es muy complicado; no es la primera vez que se discute esta norma, hay países que la han implementado como en Colombia, pero los resultados no han sido los esperados. Este tipo de medidas necesitan análisis más técnicos y no tan básicos”, argumenta.

Según estimaciones de la Alianza Biker del Norte, una asociación que acoge a diversos grupos de moteros, en La Libertad al menos un miembro de cada familia tiene o ha tenido moto. “Hay gente que come de la moto. Imagínate el impacto social que habrá si la ley se aplica, definitivamente cada familia se vería afectada porque la motocicleta se usa para trabajar, pasear, transportarse, para un sinfín de cosas que realmente las autoridades no se han puesto a pensar”, afirma.

Junto a gremios de Lima y de otras ciudades, la Alianza Biker del Norte propone la instalación de una mesa de diálogo encabezado por especialistas para buscar mecanismos legales que ataquen la raíz del problema; caso contrario anuncian una nueva manifestación en la capital de la República.  “Estamos coordinando una reunión con miembros de cada gremio. En la primera y segunda ola se impulsó la adquisición de motocicletas con precios interesantes para que el público las adquiera. El 2020 y 2021 han sido años inigualables en ventas de motos. La gente ha invertido para comprar una moto para trabajar y poder salir adelante, y ahora el Estado nos da la espalda”, continúa.

“Nos complace saber que el primer ministro ha acogido el pedido para que se prohíba dos pasajeros en una moto. Esa era una iniciativa que estábamos impulsando. Si miramos el tema de homicidios, en La Libertad el 90 % de ellos se produce por armas de fuego, en un porcentaje similar, los sicarios usan motos para trasladarse. Bajan de la moto, disparan y huyen. Este es el principal vehículo que utilizan”

César Campaña Aleman

secretario del Coresec La Libertad

Perspectivas poco alentadoras
Para este año, el panorama de las ventas de motos no es tan prometedor como en 2020 o 2021. Se estima que la economía peruana registré un crecimiento de entre 2 % y 3 %, cifra que puede ser menor debido a la incertidumbre política que afecta al país. Es muy probable que algunos componentes de la demanda se contraigan fuertemente, como es el caso de la inversión privada.

Los indicadores sobre expectativas empresariales, los cuales anticipan el comportamiento de la inversión privada, continúan en terreno pesimista; las decisiones erráticas del Ejecutivo y el enfrentamiento con el Congreso activan las alarmas en los grupos inversores. Esta incertidumbre debilita la política económica, limitando el crecimiento, y por ende de la venta de vehículos.