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Seguridad ciudadana después del mensaje presidencial, ¿y qué viene ahora?

César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec y articulista de este medio, comparte un interesante análisis sobre el anuncio de Dina Boluarte referente a la seguridad ciudadana.

El mensaje presidencial aparte de ser excesivamente extenso ha sido, en líneas generales, ampuloso, populista, tedioso y le faltó concreción acerca de los temas o problemas que nos hace vivir desesperanzados, desilusionados y saturados del ambiguo comportamiento político de los gobernantes de turno.

Ha sido el mensaje históricamente más largo de la vida republicana que ha carecido del contexto adecuado que la población esperaba. Preocupa que el gran listado de proyectos de millonarios costos puedan realizarse en el lapso tan corto que queda para el cambio de mando.

Dina Boluarte durante la ceremonia protocolar por el aniversario patrio. Foto: EFE.

Da la impresión de que la mandataria no es consciente de la existencia de este corto tiempo que le queda de gobierno, pareciera que o estaría en campaña o que se imagina que acaba de ganar las elecciones y está haciendo una narrativa de un sesgado plan de gobierno; lo que demuestra que está fuera de la realidad.

Hay expresiones que ha utilizado que se desdicen con la actualidad de la crisis social, política, moral, etc., que determinan su bajísimo nivel de aceptación en las encuestas que no superan un dígito.

Ha sido el mensaje históricamente más largo de la vida republicana que ha carecido del contexto adecuado que la población esperaba. Preocupa que el gran listado de proyectos de millonarios costos puedan realizarse.

Mensaje presidencial: política de gobierno que no existe

Por ejemplo, habla de una Política General del Gobierno que a la fecha no existe; ha hablado y repetido muchos temas a la vez, todos transmitidos con inexplicable entusiasmo que colisiona con la crisis generalizada que vivimos todos los peruanos.

Hay que reconocer que su discurso ha sido estructurado con inusitada efervescencia emocional, con expresiones que les agrada escuchar a una población con grandes necesidades y expectativas no atendidas crónicamente.

El canciller Javier Gonzáles Olaechea se quedó dormido durante el mensaje presidencial. Foto: EFE.

Ha direccionado su mensaje a poblaciones, sectores, situaciones, etc., ilusionados con un cambio a pesar de que corren el riesgo de ser burlados, engañados e ignorados.

Es imprecisa la mandataria acerca de la magnitud del monto, de la fuente de financiamiento y del tiempo que demandará los proyectos anunciados, que de concretarse excederán en demasía el período que estará en el poder gubernamental, pues las condiciones y circunstancias que demandaría la ejecución de estos proyectos, en cuanto a compromisos financieros, no han sido revelados adecuadamente.

Habla de una Política General del Gobierno que a la fecha no existe; ha hablado y repetido muchos temas a la vez, todos transmitidos con inexplicable entusiasmo que colisiona con la crisis generalizada que vivimos todos los peruanos.

Seguridad ciudadana: Ministerio del Interior por Ministerio de Seguridad Pública

La presidenta señala que “hemos dado instrucciones claras a nuestra Policía Nacional”, lo que es evidente, éstas no responden a una estrategia que la población reclama con derecho e insistencia en forma permanente; su expresiones retóricas como: “Nuestro gobierno no le va a entregar nuestro país a la delincuencia”, sin aclarar cómo lo harán, hace de este mensaje algo etéreo.

Dina pretende sostener que este cambio de actitud gubernamental se logrará con tan sólo cambiar el nombre de la entidad pública de Ministerio del Interiorpor “Ministerio de Seguridad Pública”; lo cual es absurdo.

Incide en mencionar los operativos mediáticos realizados con los nombres de “Amanecer seguro” y “Retorno seguro”, que es una acción operativa; pero sin sustento táctico y menos estratégico que responda a un plan general que no existe en la fecha.

Se incide neciamente en pensar que los resultados que demuestren un nivel de productividad funcional en la Policía, parte de la premisa de aumentar el número de efectivos PNP, adquirir vehículos diversos, comprar cámaras de videovigilancia, construir más comisarías; lo que en los hechos, es atender las necesidades en el tema de la seguridad ciudadana.

Sus megaoperativos enunciados tienen sólo un impacto mediático; pero la acción del Estado es desarticulada y descoordinada donde sus protagonistas —la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las autoridades penitenciarias, el serenazgo, etc— no operan de manera holística, integral e inclusiva, porque no hay un enfoque de labor multisectorial, intergubernamental y transversal entre éstas.

Dina pretende sostener que este cambio de actitud gubernamental se logrará con tan sólo cambiar el nombre de la entidad pública de “Ministerio del Interior” por “Ministerio de Seguridad Pública”; lo cual es absurdo.

Se habla de construcción de Laboratorios de Criminalística en la PNP, lo cual, es conveniente y plausible; pero no será suficiente en la medida en que subsista en el propio Estado otra entidad como el Ministerio Público, que en la fecha protagoniza esta labor a través de sus propios peritos.

No obstante, esta entidad pública, tiene como titular de la acción penal la carga de la prueba que no puede tener un atisbo de parcialidad o subjetividad en el proceso; pues no se puede ser, por decir, juez y parte a la vez al ser acusador y la vez perito cuya imparcialidad y  no vinculación con los casos es vital.

Constitucionalmente nuestra nación es unitaria, no puede haber dos entes públicos que realicen la misma labor, no sólo con el riesgo que el Estado a través de estos organismos, demuestren una dualidad funcional que puede llegar a ser contradictoria, además de ser un dispendio de recursos económicos y presupuestarios mantener burocrática e impropiamente dos entidades públicas que cumplan similar labor funcional criminalística dentro de un Estado deficitario financieramente.

Hablar de la inteligencia dentro de las funciones policiales, no sólo está referido a un procedimiento operativo donde la indebida injerencia política no debe tener cabida para garantizar resultados exitosos en los casos de prevención e investigación policiales, sino, principalmente es un proceso mental que debe ejecutarse con profesionalismo, audacia, y efectividad; lo que en la fecha no ocurre.

La forma cómo ha sido encarado el discurso referido al Sistema de Justicia, lucha contra las drogas, lucha contra la corrupción, etc., han sido planteados superficialmente sin dimensionar la complejidad de la problemática que exige que no se utilicen generalidades que colisionan con la realidad social, cultural, económica, y no responden a una estrategia preconcebida.

Por ejemplo, al referirse al VRAEM la mandataria señala que ha sido “estigmatizada” por la violencia; como si no fuera una realidad que ha generado múltiples muertes de civiles y miembros de las FF. AA. por la alianza narcoterrorismo que existe y subsiste, frente a cuyas problemáticas (la inseguridad ciudadana, el tráfico de drogas, el terrorismo, la corrupción) nuestro partido en su momento la abordará con eficiencia y eficacia.

Finalmente, la mandataria al referirse al subtítulo “Más policías para la seguridad” que siempre se alega, contradiciendo lo que pregona y lo que encubiertamente el trasfondo el gobierno va a realizar; tal como ha sido enunciado con los denominados pases al retiro por “renovación extraordinaria o excepcional” —por parte del aún ministro del Interior Juan José Santivañez— para contentar a la presidenta de la República; y poder así, atornillarse en el cargo ministerial.

La forma cómo ha sido encarado el discurso referido al Sistema de Justicia, lucha contra las drogas, lucha contra la corrupción, etc., han sido planteados superficialmente sin dimensionar la complejidad de la problemática

Cabe mencionar que este es un procedimiento que abusivamente se aplica en el mes de diciembre, época en que al policía se le debería exigir mayor productividad funcional, dados los eventos delictivos que se acrecientan en esa fecha; en donde el policía vive la zozobra de que se queda o no en la institución, lo cambian o no de colocación, o asciende o no asciende.

Este procedimiento, si se trata de que se aplique a aquellos que tienen actos negativos de carácter disciplinario o de índole penal que los gobiernos vienen utilizando, podría tener una explicación; pero en realidad no es así, sino que, ya es costumbre que los gobiernos —sobre todo corruptos— se deshagan de los policías que no se someten a sus nefastos intereses personales o partidarios.

Es como si un médico, ingeniero o cualquier otra actividad profesional, abruptamente deje de serlo de la noche a la mañana; con la diferencia que un profesional liberal puede emplearse con su título, en cualquier otro lugar, lo que no sucede con el efectivo policial, que para serlo, no tiene otra forma de ejercerlo sino es dentro de la PNP.

Esta medida gubernamental, es un instrumento para someter al personal policial en actividad para que  tenga siempre en claro, que pende sobre éstos la espada de Damocles, si es que no se sujetan a los mandatos desde la esfera del poder gubernamental a través de una indebida injerencia y exagerada intromisión, que revela un despropósito político de espaldas a los intereses nacionales que buscan disfrazar de legalidad o necesidad pública, alegando la ya conocida justificación de aspirar a una “organización piramidal”.

César Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec