La mañana del 13 de marzo, el gobierno anunció el reinicio el suministro de gas natural, tras varios días de incertidumbre por una ruptura en el ducto principal de Camisea.
Este hecho ha dejado al descubierto una realidad estructural: la seguridad energética del Perú pende de un hilo de baja redundancia. A pesar de contar con recursos excedentes, la falta de rutas alternativas y una infraestructura de transporte estancada han convertido una contingencia puntual en un síntoma de vulnerabilidad nacional.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) identificó categorías que permiten comprender el panorama, marcado por el desabastecimiento y su impacto en el precio del combustible y el bolsillo de los peruanos.
El motor de la economía
Desde el inicio del proyecto Camisea en 2004, el gas natural ha sido el pilar de la estabilidad de costos en el Perú. Al cierre de 2023, este recurso ya representaba el 13 % de la matriz energética, permitiendo que para 2025 más de 2.5 millones de hogares y 38 generadoras eléctricas operen con un combustible significativamente más barato que sus alternativas importadas.
Según estimaciones de Macroconsult, el ahorro acumulado entre 2004 y 2024 asciende a S/474 mil millones. Sin embargo, este beneficio no ha sido equitativo, evidenciando una brecha geográfica y social que castiga a las regiones fuera de la capital.
Pobreza y gas: la brecha del 2.4 %
La dependencia del gas natural es total en Lima (94 % del consumo), pero casi inexistente en las zonas más vulnerables del país. La falta de ductos encarece el acceso para quienes más lo necesitan.
También se refleja una desigualdad de cobertura, mientras Lima tiene una cobertura del 56.5%, el sur del Perú —región con altos índices de pobreza monetaria según el INEI— apenas registra un 2.4%; el costo de la no-masificación, en las regiones sin acceso a red de ductos, las familias dependen del GLP (gas licuado de petróleo), cuyo precio está sujeto a la volatilidad internacional.
Según el Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), un hogar en zona de pobreza sin gas natural puede destinar hasta un 15 % más de su ingreso mensual a energía que un hogar conectado a la red en Lima.
Crisis de reservas y parálisis exploratoria
El informe del IPE advierte que la inversión en hidrocarburos ha perdido prioridad en la agenda estatal. La estadística es alarmante: entre 2021 y 2025, solo se realizaron tres perforaciones exploratorias, una caída drástica frente a las 47 registradas en el quinquenio 2011-2015. Sin nueva exploración, la reposición de reservas probadas es nula, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la masificación a largo plazo.
Hacia una agenda de seguridad energética
Para superar la actual «gestión de emergencias», especialistas coinciden en que el Estado debe retomar un rol promotor técnico y predecible. La propuesta de política se resume en cuatro pilares: fortalecimiento institucional, dotar de autonomía técnica a Perupetro y Osinergmin frente a la alta rotación política; infraestructura de transporte, ampliar los actuales 1,558 kilómetros de ductos, cifra que palidece frente a los sistemas de Colombia o Argentina.
Además, promover una tarifa nivelada, implementar mecanismos que permitan que el costo del gas sea competitivo en provincias, incentivando la demanda industrial fuera de Lima; seguridad regulatoria, destrabar la «tramitología» municipal y los conflictos sociales que frenan proyectos de ductos hacia el sur y norte del país.
El Perú cuenta con el recurso, pero carece de la red para que este llegue, de forma segura y barata, a los ciudadanos que aún cocinan con combustibles más caros y contaminantes.
