En una operación de alta precisión contra las finanzas del crimen organizado, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos incautó una barra de oro de alta pureza que pretendía ser enviada clandestinamente a la India.
El cargamento, cuyo peso asciende a los 5.55 kilogramos, representa un golpe económico directo de USD 736,243 (más de 2.5 millones de soles) a las mafias de la minería ilegal.
El Operativo en la «Puerta de Salida»
La diligencia, liderada por las fiscales adjuntas Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez, se ejecutó en los depósitos de un almacén aeroportuario del Callao.
El mineral, que ya estaba listo para su exportación, pertenece a la empresa Mari’s MH E.I.R.L., la cual se encuentra ahora bajo la lupa del Ministerio Público junto a tres de sus operadores clave: María Isabel Mamani, Marleny Reyno y Lino Andrés Cáceres.
Según las investigaciones, el esquema presentaba las clásicas «banderas rojas» del lavado de activos: traslado irregular, el mineral fue movilizado desde Lima al Callao sin las garantías de seguridad ni trazabilidad exigidas; fachadas operativas, el contrato de arrendamiento de la planta de beneficio de la empresa presentaba inconsistencias técnicas que sugieren que el oro no fue procesado allí, sino extraído de zonas prohibidas.
Además, falta de sustento: ni los proveedores ni los trabajadores lograron acreditar la procedencia legal del metal ante las autoridades.
2026: el oro que no brilla
La lucha contra la minería ilegal y su eslabón vinculado al tráfico de oro procesado ha alcanzado niveles récord este año. Solo en la primera quincena de enero de 2026, el Gobierno peruano ejecutó 48 operativos a nivel nacional, logrando la incautación y destrucción de bienes e insumos valorizados en más de 61 millones de soles, según el instituto de ingenieros de minas del Perú
Además, en lo que va del presente año, ya se han reportado incautaciones significativas, como la de nueve barras de oro tasadas en S/2.4 millones en enero, lo que confirma una tendencia de fiscalización agresiva en los puntos de salida del país
En material legal, el asunto es grave para los implicados. Bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1106 (Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos), los investigados enfrentan penas que oscilan entre los 8 y 15 años de prisión. Al provenir el dinero de la Minería Ilegal (Art. 307-A del Código Penal), el delito se considera agravado, dificultando cualquier beneficio penitenciario para los responsables.
La barra de oro permanecerá bajo custodia en las bóvedas de la Aduana del Callao como evidencia física del delito, mientras el equipo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (Divilapdc) y peritos de Criminalística de la PNP profundizan en la red de contactos que pretendía recibir el tesoro en el mercado asiático.
