Una crisis energética sin precedentes se ha desatado en el Perú tras la detección de una fuga y posterior deflagración en un gasoducto del yacimiento de Camisea, en Cusco, que ha obligado al Gobierno a declarar el estado de emergencia en el suministro de gas natural y aplicar un plan de racionamiento que afectará a múltiples sectores del país.
La afectación ocurre en un momento delicado para la economía peruana. El gas natural de Camisea no solo abastece a hogares y empresas, sino que también representa una pieza clave en la generación eléctrica y en el funcionamiento de vehículos de transporte masivo, incluidos sistemas de GNV en Lima y otras ciudades.
Qué ocurrió: la fuga de gas natural que desató la crisis
El incidente se originó el 1 de marzo de 2026 cuando se detectó una fuga en uno de los principales gasoductos operados por la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en la estación de válvulas del kilómetro 43 del eje energético.
La fuga fue seguida de una deflagración —una combinación de gas y fuego que elevó las alarmas— y motivó cortes preventivos en el transporte de gas natural.
Especialistas han calificado el evento como inusual, dado que en más de dos décadas de explotación del yacimiento nunca se había registrado una fuga acompañada de un incendio de esta naturaleza. Esto ha complicado aún más la respuesta técnica y la restauración del sistema.
Estado de emergencia y racionamiento de gas hasta el 14 de marzo
Frente a la magnitud del problema, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural por un plazo de 14 días, desde el 1 hasta el 14 de marzo de 2026.
Esta medida faculta al Estado a aplicar un esquema de racionamiento del combustible destinado a garantizar el abastecimiento en sectores críticos mientras se restituyen las condiciones normales del ducto.
En virtud de esta estrategia, el racionamiento prioriza tres grandes grupos de usuarios:
- Consumidores residenciales y comerciales regulados, es decir, hogares y negocios que dependen del gas natural para sus actividades diarias.
- Transporte público masivo de pasajeros que utiliza gas natural vehicular (GNV), a fin de preservar la movilidad cotidiana.
- Sectores esenciales de la economía y la electricidad, para mantener la generación de energía y servicios básicos.
En contraste, quedan fuera de la priorización los vehículos livianos, como taxis, mototaxis, autos particulares y unidades de carga, cuya provisión de GNV ha sido restringida temporalmente.
Impacto directo en ciudadanos y sectores productivos
La medida de racionamiento ha tenido repercusiones inmediatas en diversos ámbitos:
Transporte y movilidad
- La restricción de venta de GNV para taxis y vehículos particulares ha generado rechazo entre gremios del transporte, que advierten incremento de costos y mayores gastos operativos al migrar a combustibles más caros como gasolina o diésel.
Hogares
- Si bien las autoridades han asegurado que el abastecimiento doméstico está garantizado, expertos advierten que la crisis también podría presionar al alza el precio del balón de gas y otros derivados, afectando a millones de familias que dependen del GLP para cocinar y calentar sus hogares.
Industria y servicios
- Las compañías que utilizan gas natural para generación de energía o procesos industriales deberán adaptarse a un suministro reducido, lo que puede traducirse en costos adicionales o interrupciones temporales.
Un estudio reciente estimó que la paralización del transporte regular de gas natural puede afectar no solo a vehículos, sino a cerca de 1,3 millones de personas que interactúan directa o indirectamente con este recurso, desde usuarios de GNV hasta familias que dependen de servicios ligados a la energía.
Cuánto tardará la reparación y cuál es la solución
De acuerdo con la información oficial y declaraciones de la empresa TGP, la reparación completa del ducto podría extenderse hasta el 14 de marzo de 2026, fecha en que culmina la vigencia del estado de emergencia declarado por el Gobierno.
La prioridad de las autoridades es restablecer el transporte de gas de manera segura y progresiva, a través de trabajos técnicos que permitan reanudar el flujo normal en el menor tiempo posible.
Mientras tanto, el Estado ha reforzado la coordinación entre el Minem, TGP y las distribuidoras como Cálidda, que ha solicitado a los usuarios residenciales y comerciales un uso responsable y moderado del gas natural para contribuir a la estabilidad del sistema de distribución.
¿Hay otras soluciones?
Ante la persistencia de la escasez, gremios y expertos han propuesto medidas complementarias, como la sustitución temporal por combustibles alternativos (GLP, gasolina y diésel) en sectores no priorizados, así como incentivos para el uso de fuentes de energía renovable o almacenamiento estratégico de gas en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, estas soluciones implican costos adicionales y requieren coordinación intersectorial y planificación estructural, algo que se evalúa en paralelo a los trabajos de reparación en Camisea.
