Usaron vehículos blindados y bombas lacrimógenas para irrumpir en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se refugiaban decenas de manifestantes que arribaron de varias regiones para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Los policías rompieron rejas y otros ambientes educativos y detuvieron a 192 personas, entre ellos una menor de edad. El operativo no contó con la presencia del Ministerio Público y no se permitió ingreso a la prensa.
A las pocas horas, la Policía Nacional reveló que había incautado material subversivo, sin dar mayores detalles de lo decomisado, y que los manifestantes permanecerían en la sede la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
Diversos organismos de derechos humanos denunciaron los abusos cometidos por el personal policial, tanto es así que la Fiscalía dispuso la liberación de los detenidos. La Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María inició las diligencias preliminares por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio en agravio de la Universidad San Marcos.
La universidad se pronuncia
Tras los daños reportados, la casa de estudios emitió un comunicado en el que responsabilizó a la Policía Nacional por los daños reportados en sus instalaciones.
“Denunciamos el abuso de autoridad a nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente. Rechazamos la intervención de la Dircote en la Residencia Universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”, sostuvo.
El ministro del Interior Vicente Romero defendió el operativo en la universidad decana de América. Sostuvo que la intervención se dio en respuesta al pedido de las “autoridades de la universidad”.
“Esto está sujeto a los procedimientos establecidos no solamente en normas internacionales, sino también en normas legales. En realidad, había flagrancia y estado de emergencia”.
Justificó que existe una denuncia fiscal presentada por la plana mayor de la San Marcos, del 17 o 18 de enero, además de una denuncia en la comisaría.
“Previo de este ingreso a la universidad de forma violenta habían sacado a los vigilantes de la seguridad privada, les habían quitado sus radios, inclusive habían tapado las cámaras de videovigilancia. Hay una flagrancia. En flagrancia interviene la Policía”, declaró.
La universidad San Marcos reiteró que en la denuncia se pidió únicamente la liberación de las puertas tomadas; no obstante, el sábado 21 de enero, la Policía ingresó a la fuerza al campus universitario y detuvo a 192 personas.
“Sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público ingresó la Policía. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, señaló.
Tras estos incidentes, políticos, estudiantes y miembros de la sociedad civil han exigido la salida de la rectora de la San Marcos, Jerí Ramón.
