Minera Poderosa disparó un enérgico cuestionamiento a la Policía Nacional del Perú (PNP) por su incapacidad para frenar la violencia criminal en Pataz, luego del secuestro de 13 trabajadores vinculados a sus operaciones.
El ataque, perpetrado por mineros ilegales asociados a grupos delictivos, ocurrió en una zona donde días antes se había desplegado un masivo operativo policial sin resultados concretos.
«Resulta incomprensible que con más de 800 efectivos movilizados la semana pasada, no se hayan realizado interdicciones significativas en las bocaminas ilegales de esta zona», denunció de manera pública la empresa, en un comunicado, fechado el 2 de mayo del 2025.
Poderosa: estado de emergencia, ¿para qué?
Poderosa subrayó la paradoja de que, pese al estado de emergencia vigente y la presencia militar-policial, la minería ilegal siga operando con impunidad y ahora recurra a secuestros.
La compañía exigió una investigación inmediata sobre lo que calificó como «fallas» en el último operativo policial, y demandó acciones concretas para rescatar a los trabajadores cautivos.
Poderosa ofreció todo su apoyo logístico a las autoridades para que ejecuten las diligencias pertinentes que permitan esclarecer los hechos y dar con el paradero de las personas desaparecidas.
Sin embargo, advirtió que la solución a la violencia en Pataz, producto de la minería ilegal, ya no basta con declaratorias de emergencia, sino con operativos inteligentes y efectivos.
El telón de fondo: Pataz en emergencia
La crítica situación en Pataz no es nueva. Desde 2020, la minería ilegal ha invadido concesiones formales de Poderosa, lo que ha generado un círculo vicioso de violencia, corrupción y abandono estatal.
Poderosa ha tenido que retirarse de varias áreas por amenazas contra sus trabajadores, mientras mineros artesanales en proceso de formalización quedan atrapados en el fuego cruzado.
Sin embargo, advirtió que la solución a la violencia en Pataz, producto de la minería ilegal, ya no basta con declaratorias de emergencia, sino con operativos inteligentes y efectivos.
Este último episodio —secuestro de trabajadores— confirma que la estrategia de seguridad en la zona ha fracasado.
Mientras las bocaminas ilegales sigan operando, Pataz seguirá sumida en la ley de la selva.
Pataz tan rica y tan peligrosa
La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en uno de los epicentros más críticos de la minería ilegal en el Perú, con un problema que trasciende lo ambiental y económico para convertirse en una crisis de seguridad.
Bandas delincuenciales, incluyendo grupos criminales transnacionales con vínculos a Ecuador y Colombia, operan con impunidad en la zona, controlando bocaminas ilegales y extorsionando a mineros artesanales.
Estas organizaciones no solo explotan ilegalmente el oro, sino que han diversificado sus actividades al narcotráfico, tráfico de armas y secuestros, como el reciente caso de los 13 trabajadores vinculados a Minera Poderosa.
Pataz es una de las zonas con mayor potencial aurífero del país. Sin embargo, esta riqueza ha sido secuestrada por la ilegalidad: se estima que el 60 % de la producción local no cuenta con permisos, evade fiscalización y genera pérdidas millonarias al Estado.
Crece exportaciones de oro ilegal
Según el Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de 6 840 millones de dólares en el 2024.
Esa cifra resulta 41 % mayor que en el 2023, más de cinco veces el crecimiento que el Banco Central de Reservas (BCR) espera para el total de exportaciones del 2024 (8 %).
Según el fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, la minería ilegal en el Perú genera alrededor de 12 000 millones de dólares al año, una cifra que refleja la magnitud de este problema.
Esta actividad ilícita se ha expandido con rapidez, particularmente en zonas alejadas, donde la vigilancia estatal enfrenta mayores dificultades.
A diferencia de Madre de Dios (el rostro más visible de la minería ilegal), Pataz enfrenta una violencia más organizada, con enfrentamientos armados y corrupción enquistada en autoridades locales.
Mientras el gobierno central no implemente una estrategia integral que combine interdicción, formalización y desarrollo alternativo, Pataz seguirá siendo un territorio gobernado por el crimen, donde la ley del más fuerte reemplaza al Estado.
