Un socavón de mina es una serpiente que carcome la montaña. Abre surcos o túneles para que el hombre ingrese a ese mundo oscuro y aproveche la riqueza.
En Pataz, los cerros están infectados de socavones. Forman una maraña de conductos por donde cientos de personas caminan e, incluso, se arrastran para practicar eso que se llama minería.
Sucede que las montañas tienen fin y la ambición es infinita. Sucede que el oro es escaso y la avaricia es insaciable. Sucede que los túneles son de distintos dueños —personas o compañías, formales o ilegales—, quienes persiguen los mismos objetivos: usufructuar la riqueza natural.
Entonces, cuando los túneles chocan, empiezan los problemas en el interior de la montaña. Inconvenientes serios. Es que no hay molestia pequeña cuando se trata de oro, el mineral más preciado.
Sucede que el oro es escaso y la avaricia es insaciable. Sucede que los túneles son de distintos dueños —personas o compañías, formales o ilegales—, quienes persiguen los mismos objetivos: usufructuar la riqueza natural.
En diciembre del 2023, la onza de oro llegó a costar 2152 dólares, un récord histórico, debido a que las grandes economías como China, India o Brasil reemplazan sus dólares por el metal dorado.
El oro se constituye en el segundo producto de mayor valor que vende el Perú al mundo (13.9 % del total de nuestras exportaciones), después del cobre.
La Libertad es la primera región productora de oro en nuestro país y Minera La Poderosa cerró el 2022, como la compañía líder en todo el país, posición que perdió en abril del 2023, por factores externos, como la delincuencia.
Pataz: defender con todo
Para asegurar que nadie invada, use o destruya los socavones, las empresas formales o informales contratan vigilantes.
Este personal pertrechado con armamento, escudos blindados y otros equipos propios de los ejércitos que van a la guerra cuidan, bajo tierra, la riqueza de sus dueños.
Cuando las galerías subterráneas de la minería ilegal se encuentran o chocan con los ductos de Minera La Poderosa, en Pataz, brotan escaramuzas que van subiendo de nivel hasta convertirse en tragedias, como el atentado del sábado 2 de diciembre, que el Estado peruano ha calificado como acto terrorista.
“Estos vigilantes bien armados y con sus escudos evitan que los extraños, la mayoría son delincuentes, ingresen a los socavones de la compañía y se lleven el mineral”, dijo una fuente a BuenaPepa, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Este personal pertrechado con armamento, escudos blindados y otros equipos propios de los ejércitos que van a la guerra cuidan, bajo tierra, la riqueza de sus dueños.
Los 10 vigilantes de La Poderosa asesinados el primer sábado de diciembre del 2023 cumplían con esa labor: darle cara a la más criminal de las actividades en el Perú: la minería ilegal.
Dentro del cerro- continúo la fuente- los vigilantes están frente a frente con los delincuentes.
Según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en La Libertad operan un total de 6976 mineros, de los que solo 2226 están en condición de formales o vigentes y 4,750 de forma ilegal.
La minería formal es aquella que cumple con todos los requisitos legales, técnicos, ambientales y sociales para desarrollar su actividad. Por su parte, la minería ilegal es aquella que no ha iniciado proceso de formalización y es un delito, que causa impactos negativos, entre ellos una gran contaminación y degradación ambiental, delincuencia, prostitución, etc.
Así fue el ataque a los vigilantes
Los enfrentamientos son constantes e intensos en los asentamientos mineros. La empresa formal lucha en desventaja contra la criminalidad, que aprovecha al máximo la pasividad cómplice del Estado.
El ataque letal del sábado 2 de diciembre, empezó con el secuestro de 5 vigilantes de la empresa Huayna, que brinda servicios de seguridad a Minera La Poderosa, por parte de malhechores.
Con ayuda de refuerzos y tras una ardua negociación —no se reportó ataque armando— los liberaron. Nuestra fuente contó que cuando los empleados de la minera caminaban hacia la salida del socavón “los atacaron con explosivos”.
Unas 22 personas resultaron afectadas con el estallido. En el acto murieron 9 y, horas después, se sumó una víctima más. Sin embargo, los heridos —12—buscan salvarse en establecimientos de salud de Trujillo.
La Poderosa responsabilizó al Estado de este ataque, el cual no es aislado, sino que formar parte del avance de la minería ilegal que actúa con métodos criminales.
“Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a una espiral de deterioro de las condiciones de seguridad de la zona, consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que ha venido operando con la más total y absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, expresó en una comunicado.
