El sistema penitenciario enfrenta una crisis profunda. De acuerdo al último reporte del INPE, las cárceles peruanas albergan a 99 448 reclusos, a pesar de que su capacidad máxima es de 41 764 personas. Esto representa un nivel de ocupación de 238 % y una sobrepoblación de 138 %, lo que confirma que el hacinamiento es una crisis sin resolver.
Las cifras también muestran que este fenómeno se extiende en diversas regiones del país. Entre los casos más críticos se encuentra el penal de Quillabamba (Cusco), que supera el 499 % de su capacidad; seguido por el penal de Camaná (Arequipa), con un 492 %; y el penal del Callao (Lima), con 471 % de sobrepoblación.
El hacinamiento carcelario no solo representa una vulneración a los derechos de las personas privadas de su libertad, sino también guarda una relación con la seguridad ciudadana.
Según la Defensoría del Pueblo, en su informe titulado “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria”, el hacinamiento ocasiona frecuentes fallas en los mecanismos de control y vigilancia penitenciaria, lo que se refleja en la existencia de armas y celulares al interior de las cárceles.
En el contexto actual, estas deficiencias en el sistema penitenciario facilitan que los penales se conviertan en centro de operaciones para organizaciones criminales, especialmente aquellas que se dedican a la extorsión, un delito que incrementó en los últimos años.
Pronunciamiento del Tribunal Constitucional
En el año 2020, el TC declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” debido al grave hacinamiento penitenciario. Además, reconoció las deficiencias a nivel nacional respecto a la calidad de infraestructura, de seguridad, de salud y otros servicios básicos, que vulneran los derechos de las personas privadas de libertad.
Ante ello, se ordenó al Poder Judicial, Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía y Finanzas implementar medidas efectivas para superar esta crisis. Entre las acciones, se fijó: evaluar la reestructuración integralmente del INPE, asignar los recursos económicos necesarios y garantizar que las prisiones sean destinadas principalmente a quienes cometen delitos graves.
Asimismo, el fallo estableció un plazo máximo de cinco años, el cual se cumple en mayo de 2025. De no cumplirse con lo establecido, el Tribunal Constitucional aplicará el cierre temporal de los establecimientos penitenciarios que tengan los mayores niveles de hacinamiento. Los nuevos internos serían trasladados a otras cárceles que cumplan con la capacidad.
Medidas del gobierno ante la crisis penitenciaria
En noviembre de 2024, a través del Decreto supremo Nº 014-2024-JUS, el gobierno declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, por un período de 24 meses. Esta medida tiene como objetivo reducir significativamente el hacinamiento, a través de recursos para mejorar la infraestructura y la construcción de nuevos penales, además de optimizar la prestación de servicios para la resocialización de los presos.
Asimismo, mediante la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se destinaron S/15 360 millones a los sectores económicos y sociales. Si bien la norma no especifica que dichos fondos serán asignados al sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que se gestionó un presupuesto de S/3 000 millones para ampliar la infraestructura carcelaria y la construcción de nuevos penales.
Como parte de esta acción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resaltó que, tras una década de inacción, se rediseñó la política penitenciaria. Es por ello que, en febrero de 2025 se inició la construcción de una nueva cárcel en Abancay, la cual tendrá una capacidad para albergar a 785 internos y estará lista para el 2026.
Además, el 1 de abril se inauguró el Primer Centro de Control y Monitoreo con Inteligencia Artificial en el Establecimiento Penitenciario Ancón I. Con esta tecnología se busca fortalecer la seguridad mediante la vigilancia constante para prevenir y detectar actos ilícitos dentro del penal.
También se encuentran en fase de evaluación distintos proyectos destinados a la ampliación de la infraestructura. Estos contemplan intervenciones en los penales de Arequipa, Pucallpa, Piura, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo.
Según datos del World Prison Brief, el Perú se ubica en el puesto 19 en el ranking mundial de países con mayor sobrepoblación penitenciaria, con un nivel de ocupación del 238.1 %. Mientras que, a nivel de Sudamérica, el país ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Bolivia que registra una ocupación del 274.1 %.
Escribe: Robert Flores Liñan
