Tarde y con un mensaje que pocos creen, pero mensaje, al fin y al cabo. El Gobierno de Dina Boluarte respondió con medidas excepcionales a la masacre de 13 trabajadores de minera Poderosa en Pataz, La Libertad.
La presidenta anunció este lunes la imposición de un toque de queda en todo el distrito, el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control total del territorio y la suspensión de toda actividad minera por 30 días prorrogables, en un intento de frenar la ola de violencia ligada a la minería ilegal y el crimen organizado.
Pataz, tierra de nadie: ahora habrá toque de queda y ¿presencia militar?
El toque de queda regirá diariamente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., restringiendo la circulación en Pataz mientras las Fuerzas Armadas asumen el control de la zona minera de la Poderosa. Además, se instalará una base militar en el distrito para asegurar presencia operativa permanente del Estado y facilitar la intervención conjunta con la Policía Nacional.
Suspensión de la minería y medidas extraordinarias
Durante 30 días, prorrogables según la evolución de la crisis, queda suspendida toda actividad minera en la provincia de Pataz. Esta medida busca facilitar el despliegue militar y policial, así como la fiscalización de concesiones y la exclusión de registros mineros en condición de suspendidos del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). No se permitirá ningún tránsito de insumos, materiales o personal vinculado a la minería durante este periodo.
Lucha contra el crimen organizado y pedido de facultades legislativas
Boluarte anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para legislar en materia de terrorismo urbano, con el objetivo de endurecer el marco legal frente a las organizaciones criminales que operan en la región. «Mano dura para estos delincuentes criminales», declaró la mandataria, asegurando que el Ejecutivo no permitirá más actos de “crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad”.
La presidenta también cuestionó la liberación en 2023 del presunto cabecilla del ataque, alias Cuchillo, por parte del Ministerio Público, y enfatizó que la responsabilidad penal debe recaer en quienes permitieron su puesta en libertad.
El Ministerio Público intensificó las diligencias por secuestro agravado y homicidio calificado, mientras los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Trujillo para las necropsias correspondientes. Boluarte concluyó su mensaje instando a la unidad nacional para erradicar la violencia y recuperar la paz en Pataz y todo el país.
La provincia de Pataz, declarada en emergencia desde febrero de 2024, enfrenta ahora una de las intervenciones más drásticas de los últimos años, con la mirada puesta en la seguridad, la legalidad y la justicia para las víctimas y sus familias. ¿Funcionará esta vez o será otro saludo a la bandera?
