Un día después del hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 mineros secuestrados en la provincia de Pataz, La Libertad, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se pronunció sobre la grave crisis de inseguridad que afecta a la zona, aunque sus palabras generaron controversia y críticas por la demora y el tono de sus declaraciones.
En conferencia de prensa desde Trujillo, Díaz Zulueta afirmó que la problemática en Pataz «no se soluciona de un día para otro» y explicó que desde que asumió el cargo hace poco más de un mes ha estado en un proceso de diagnóstico para entender la complejidad de la región.
«A la semana que fui nombrado ministro del Interior, vine a hacer una apreciación aquí en Pataz. Esto no se soluciona de un día para otro (…) tenemos plan para intervenir, pero el problema es que estamos en diagnóstico constante de cómo es Pataz. Fui a hacer una apreciación y a los 15 días llegaron 800 policías y destruimos los socavones que no tenían Reinfo», detalló.
El ministro dijo estar indignado por la masacre y aseguró tener «todas las condiciones» para proteger a la ciudadanía durante su gestión, resaltando su experiencia de más de 40 años en la Policía Nacional.
«Todos los peruanos estamos indignados. Yo soy su ministro del Interior, con más de 40 años de policía. Tengo todas las condiciones para defender a mi Perú”, señaló, y añadió que diariamente se interviene armamento y explosivos en la zona, con la intención de llevar a los responsables ante la justicia.
Los Pulpos forman alianza con otras bandas
Díaz Zulueta atribuyó la escalada de violencia a la acción de varias organizaciones criminales que, según el comandante general de la PNP Víctor Zanabria, han conformado una estructura más compleja denominada La Nueva Alianza. «Hoy Los Pulpos y otras organizaciones criminales han generado La Nueva Alianza, que están peleando por el espacio geográfico subterráneo donde hay explotación informal y artesanal de oro. Esto es lo que ha generado las expresiones de violencia”, explicó Zanabria.
«A la semana que fui nombrado ministro del Interior, vine a hacer una apreciación aquí en Pataz. Esto no se soluciona de un día para otro (…) tenemos plan para intervenir, pero el problema es que estamos en diagnóstico constante de cómo es Pataz.
El Gobierno de Dina Boluarte y una respuesta esquiva
La declaración del ministro del Interior contrasta con la postura del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, quien el 30 de abril, cuando ya se conocía la desaparición de los mineros, negó tener conocimiento del secuestro e incluso puso en duda su veracidad. «Nuestros cuerpos de seguridad en Pataz no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz (…) No tenemos ninguna denuncia hasta el momento», afirmó en ese momento.
Sin embargo, Díaz Zulueta aclaró que la Policía Nacional recibió una denuncia oficial sobre la desaparición de los 13 mineros entre el 29 y 30 de abril y que desde entonces iniciaron la búsqueda. «Desde que la Policía Nacional tomó conocimiento con una denuncia oficial de la desaparición de las 13 personas, inmediatamente iniciamos su búsqueda. Entramos a los boquerones (…) Hemos logrado después de cinco días encontrar los cadáveres”, indicó.
«Todos los peruanos estamos indignados. Yo soy su ministro del Interior, con más de 40 años de policía. Tengo todas las condiciones para defender a mi Perú”
Familiares de las víctimas corroboraron esta versión, asegurando que presentaron la denuncia el martes 29 de abril, pero denunciaron falta de apoyo y lentitud en las acciones policiales.
Estado de emergencia y operativos en Pataz
Tras el hallazgo de los cuerpos el 4 de mayo, el ministro del Interior llegó a Pataz junto al comandante general de la PNP y otros altos funcionarios para liderar las acciones de seguridad. Se informó que se han intervenido 20 bocaminas ilegales y que alrededor de 180 efectivos, incluidos 50 agentes del Grupo Grecco, realizan operativos de inteligencia y control territorial.
La minera Poderosa, para la cual trabajaban las víctimas, ha denunciado que desde 2020 bandas criminales han tomado control de sus concesiones, causando al menos 39 asesinatos y ataques a sus instalaciones, incluyendo el derribo de torres eléctricas.
El gobierno declaró estado de emergencia en Pataz desde febrero de 2024, pero familiares y organizaciones civiles han criticado la respuesta estatal por insuficiente y tardía, exigiendo mayor compromiso para garantizar seguridad y justicia en la región.
