El Gobierno peruano aprobó el pasado 4 de junio la prórroga por 60 días del estado de emergencia en la provincia de Pataz, que entró en vigencia el 8 de junio.
Con esta medida, las Fuerzas Armadas asumen nuevamente el control territorial para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, responsables del asesinato de 13 trabajadores mineros hace un mes.
Reapertura controlada de la actividad minera
Tras una mesa de diálogo entre autoridades locales y representantes de Pataz, se autorizó el reinicio de la minería formal y de la minería artesanal en proceso de formalización.
Las labores podrán ejecutarse de 05:00 a 22:00 horas, manteniéndose un toque de queda nocturno por razones de seguridad. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que esta flexibilización busca proteger a la población sin sacrificar la lucha contra las redes ilegales.
Impacto de las operaciones militares
En el primer mes de vigencia, las patrullas de control territorial realizaron más de 300 operativos de interdicción, con el saldo de 20 detenidos y el decomiso de armas (una carabina, siete pistolas y siete fusiles largas) y más de 10 000 municiones.
Asimismo, se intervinieron 54 bocaminas, 6 socavones, 23 campamentos, 61 pozas, 13 plantas de beneficio, 16 vehículos mineros y 14 motocargueros, evidenciando el alcance de la minería ilegal en la región.
Objetivos para los próximos 60 días
El general Marco Marín, comandante del Comando Unificado, señaló que el propósito es “restablecer completamente el orden interno” y garantizar la seguridad de las “empresas formales y en proceso de formalización”.
Durante la ceremonia de renovación del juramento a la bandera en la plaza de Armas de Pataz, Marín reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la PNP de “proteger a las familias honestas” y “asegurar que los recursos de la zona beneficien a quienes actúan dentro del marco legal”.
Contexto histórico y económico
Ubicada a 900 km al norte de Lima, Pataz lleva años soportando la violencia de bandas dedicadas al robo y explotación ilícita de oro.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2013 y 2023 la minería ilegal generó operaciones sospechosas por más de 8 241 millones de dólares en todo el país, lo que motivó la declaración de emergencia el año pasado y la actual ampliación de la medida.
