La matanza de trece trabajadores mineros de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, en un socavón en Pataz, donde las víctimas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas por presuntos sicarios y mineros ilegales marca un punto de quiebre.
La provincia de Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad, es escenario de una creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales. Este fenómeno refleja una preocupante ausencia del Estado en la región, permitiendo que actores ilegales ejerzan control sobre territorios y comunidades, lo que es responsabilidad del actual Gobierno.
Pataz: un territorio en disputa
Desde 2019, Pataz se ha convertido en un epicentro de conflictos debido al auge de la minería ilegal. El incremento en los precios del oro pospandemia atrajo a organizaciones criminales como Los Pulpos y el Tren de Aragua, que establecieron alianzas con mineros ilegales para controlar la extracción y comercialización del mineral.
Estos grupos han perpetrado actos violentos, incluyendo asesinatos y atentados contra infraestructuras mineras, como el ataque a la Compañía Minera La Poderosa en diciembre de 2023, que dejó 10 muertos y 30 heridos.
A pesar de la declaración de estado de emergencia y la presencia de fuerzas del orden, la violencia persiste. La reciente matanza de trece trabajadores mineros de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, en un socavón en Pataz, donde las víctimas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas por presuntos sicarios y mineros ilegales marca un punto de quiebre.
Desde 2019, Pataz se ha convertido en un epicentro de conflictos debido al auge de la minería ilegal. Los Pulpos y el Tren de Aragua establecieron alianzas con mineros ilegales para controlar la extracción y comercialización del mineral.
Paralelismos históricos: zonas liberadas por grupos subversivos
La situación en Pataz guarda similitudes con las zonas liberadas durante el conflicto armado interno en Perú en las décadas de 1980 y 1990. Grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) lograron establecer control en diversas regiones, reemplazando la autoridad estatal por estructuras paralelas.
Un ejemplo notable es la toma de Uchiza en 1987 por parte de Sendero Luminoso, donde los insurgentes ocuparon la ciudad durante una semana, instaurando un régimen de terror y represión. Asimismo, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), estos grupos establecieron economías ilícitas basadas en el narcotráfico, ejerciendo control sobre la población y enfrentando al Estado peruano.
La inacción del Gobierno
La grave crisis de violencia que sacude a la provincia de Pataz, y a varias regiones del país, ha puesto en evidencia una de las principales falencias del gobierno de la presidenta Dina Boluarte: la incapacidad para ejercer control sobre el territorio nacional y frenar el avance del crimen organizado. En lugar de consolidar una estrategia de seguridad efectiva, el Ejecutivo ha optado por una errática política de cambios constantes en el Ministerio del Interior, debilitando la continuidad de las acciones policiales y la confianza institucional.
Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2022, la presidenta Boluarte ha cambiado al ministro del Interior más de seis veces, revelando no solo improvisación, sino también una falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia. Mientras tanto, las mafias vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones continúan sembrando el terror en regiones como Pataz, donde la presencia del Estado es prácticamente nula.
La masacre de 13 trabajadores mineros en mayo de 2025 es un trágico recordatorio de que el gobierno no ha logrado articular una respuesta contundente frente al crimen. La militarización temporal y la declaratoria de estados de emergencia no han sido acompañadas de políticas integrales de seguridad ciudadana, desarrollo alternativo ni control territorial efectivo.
La falta de estrategia, la desarticulación del sistema de inteligencia y la debilidad institucional no solo exponen a los ciudadanos a la violencia, sino que permiten que las organizaciones criminales avancen y se fortalezcan. Si el gobierno de Boluarte no rectifica su rumbo en materia de seguridad, el país seguirá perdiendo territorios frente al crimen organizado, agravando aún más la crisis de Estado que afecta al Perú.
Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2022, la presidenta Boluarte ha cambiado al ministro del Interior más de seis veces, revelando no solo improvisación, sino también una falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia.
Ausencia del Estado y consecuencias
La falta de presencia efectiva del Estado en zonas como Pataz ha permitido que organizaciones criminales llenen el vacío de poder, imponiendo sus propias reglas y estructuras de control. Esta ausencia se manifiesta en la limitada capacidad de las autoridades para intervenir en actividades ilegales, la corrupción en instituciones locales y la falta de inversión en servicios básicos.
La situación en Pataz no solo representa una crisis de seguridad, sino también una amenaza para el desarrollo y la estabilidad del país. La minería ilegal y el crimen organizado generan economías paralelas que socavan el estado de derecho y perpetúan la violencia.
La violencia en Pataz y su comparación con las zonas liberadas durante el conflicto armado interno en Perú evidencian la urgente necesidad de fortalecer la presencia del Estado en regiones vulnerables. Es imperativo implementar políticas integrales que combinen acciones de seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional para recuperar el control y garantizar la seguridad y bienestar de la población.
Finalmente, nuestro Congreso de la Republica ha vuelto prorrogar a la minería informal REINFO, además hoy nos enteramos por boca propia del cirujano estético Cavani que Dina Boluarte volvió a mentir y burlarse del país. Sin duda la frivolidad de esta señora no tiene límites. Termino diciendo que se ha aumentado el sueldo por la gran labor que viene haciendo en favor del Perú.
César Ortiz Anderson
Presidente de APROSEC
