El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la grave situación de violencia que afecta a la provincia de Pataz, en La Libertad, tras el brutal asesinato de 13 personas.
A través de una columna de opinión publicada en el Diario Oficial El Peruano, el alto funcionario reconoció que, si bien el gobierno no ha sido perfecto en su accionar, ha mantenido un esfuerzo constante por combatir la creciente ola criminal.
«Como Gobierno, no hemos sido infalibles, pero no se puede negar que hemos trabajado intensamente para contrarrestar la ola criminal, y seguimos haciéndolo. Es verdad que aún no hemos conseguido eliminar este cáncer, pero también es cierto que, en esta hora difícil, Pataz y el país entero nos necesitan unidos: Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales y ciudadanía en general», enfatizó Adrianzén.
El premier subrayó que esta coordinación debe realizarse de manera articulada y complementaria, respetando las competencias de cada institución pero con objetivos comunes.
Hizo especial énfasis en que la masacre de Pataz debe constituir un punto de quiebre en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Es verdad que aún no hemos conseguido eliminar este cáncer, pero también es cierto que, en esta hora difícil, Pataz y el país entero nos necesitan unidos.
Adrianzén aseguró que los responsables de estos 13 homicidios, cometidos con «crueldad terrorista», no quedarán impunes.
«La justicia llegará, aunque la cadena perpetua parecería insuficiente para castigar tanta barbarie», manifestó.
El jefe del Gabinete Ministerial alertó sobre el peligro que representa el «cóctel mortal» de inseguridad ciudadana y minería ilegal, al que calificó como un «cáncer» que amenaza con convertir al Perú en un Estado fallido.
Recordó que el país ya superó desafíos similares en los años 90 y tiene la capacidad de hacerlo nuevamente mediante la unidad nacional.
Pataz: enemigos públicos
La autoridad describió a los nuevos enemigos de la sociedad como grupos que operan sin ideología aparente pero con total desprecio por la vida humana, ocultándose en la ilegalidad minera y actuando con extrema violencia.
Frente a esta situación, instó a evitar distracciones políticas y mantener como prioridad la estabilidad institucional.
El jefe del Gabinete Ministerial alertó sobre el peligro que representa el «cóctel mortal» de inseguridad ciudadana y minería ilegal, al que calificó como un «cáncer» que amenaza con convertir al Perú en un Estado fallido.
Finalmente, el primer ministro expresó su confianza en que el Congreso apoyará las iniciativas del Ejecutivo, particularmente la tipificación del delito de terrorismo urbano y la aprobación de la ley contra la minería ilegal (MAPE), medidas consideradas cruciales para recuperar la paz social.
«Nada puede seguir igual después de lo ocurrido en Pataz», concluyó con tono solemne.
