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Pataz es un estado fallido: unas 80 mil personas trabajan en minería ilegal

Unas 80 000 personas trabajan en alrededor de 1 200 socavones mineros, en su mayoría informales e ilegales, en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde recientemente fueron secuestrados y asesinados 13 trabajadores de una empresa que presta servicios a Poderosa, indicó el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.

Pataz y las medidas que tomó el Gobierno para recuperar el control

El ministro detalló que el Gobierno ha decretado un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana durante 30 días en Pataz y que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la provincia para combatir a las bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, que operan con violencia extrema en la zona.

Díaz Zulueta señaló que se elaborará una base de datos para identificar a los trabajadores formales, informales e ilegales en los socavones y que la Policía no puede enfrentar sola este crimen organizado, por lo que se requiere un trabajo conjunto sin protagonismos.

Masacre de 13 trabajadores en Pataz

La tragedia ocurrió tras el secuestro de 13 mineros el 26 de abril, quienes prestaban servicios a un minero artesanal con contrato de explotación con la minera Poderosa. Los cuerpos fueron hallados maniatados y ejecutados con disparos en un socavón, en un hecho que evidencia la grave situación de inseguridad y el control que tienen las mafias de la minería ilegal en la región. La provincia se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al aumento de la violencia relacionada con estas organizaciones criminales.

La presidenta Dina Boluarte ordenó la suspensión de la actividad minera en Pataz por 30 días y solicitó facultades legislativas para crear un marco legal que permita enfrentar el terrorismo urbano vinculado a la minería ilegal. Por su parte, el primer ministro Gustavo Adrianzén defendió la actuación inmediata de la Policía Nacional, aunque la situación ha generado críticas por la aparente falta de prevención frente a estos crímenes.

La minera Poderosa ha denunciado que la minería ilegal ha tomado gran parte de sus instalaciones y que la violencia ha escalado en los últimos meses, con ataques constantes contra sus trabajadores y operaciones. La magnitud del problema se refleja en la existencia de socavones ilegales de hasta 3 000 metros de largo, muchos inaccesibles y controlados por bandas armadas que amenazan y expulsan a la seguridad para extraer oro de forma indiscriminada.

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