La provincia de Pataz, en La Libertad, ha dicho basta. Tras el brutal asesinato de 13 mineros a manos de sicarios vinculados a la minería ilegal, el alcalde Aldo Mariño confirmó el inicio de un paro indefinido desde el jueves 5 de junio, una medida de fuerza respaldada por las rondas campesinas y la población local, que no permitirá la salida de oro de la zona hasta que el Estado actúe con firmeza frente a la ola de violencia y abandono.
Pataz y un crimen que desbordó la paciencia
La masacre de los 13 trabajadores de la empresa R&R -contratista formal de la minera Poderosa-, hallados maniatados y ejecutados en un socavón, ha conmocionado al país. El caso, agravado por la difusión de un video donde se observa la ejecución a quemarropa de las víctimas, expuso no solo la crueldad de las mafias que operan en la región, sino también la ineficacia del estado de emergencia vigente desde febrero de 2024 para frenar la criminalidad asociada a la minería ilegal.
Los familiares de los mineros han denunciado que la Policía y las autoridades no actuaron a tiempo, y que el hallazgo de los cuerpos fue posible gracias a la búsqueda emprendida por sus propios compañeros, no por operativos oficiales. La indignación crece en una provincia donde, solo este año, más de 39 mineros artesanales han sido asesinados, según el propio alcalde Mariño.
Promesas incumplidas y crisis de confianza
El paro indefinido es también la respuesta a años de promesas incumplidas. El alcalde Mariño recordó que la presidenta Dina Boluarte firmó compromisos para la construcción de una carretera y un hospital en la provincia, obras que no se han concretado. «Tienen que pasar de la foto a la acción», reclamó Mariño, quien este 12 de mayo iniciará una caminata desde Tayabamba hasta Lima para exigir atención real del Gobierno central.
La reunión prevista entre el alcalde y la mandataria, inicialmente convocada para tratar el asfaltado de la carretera nacional 10E, ahora deberá abordar de manera urgente la crisis de inseguridad, los secuestros y asesinatos que han colapsado la provincia. Mariño exige el envío de personal de inteligencia, más policías y equipamiento para las comisarías, además de penas más severas para los responsables de estos crímenes.
Minería ilegal: el enemigo invisible
El trasfondo de la tragedia es la expansión de la minería ilegal, que mueve más de 12 mil millones de dólares al año en el Perú y ha convertido a regiones como La Libertad en zonas de guerra. Las bandas criminales no solo disputan territorios a sangre y fuego, sino que han logrado infiltrar y desbordar la capacidad de respuesta del Estado.
Las municipalidades, denuncian las autoridades locales, carecen de facultades y recursos para enfrentar el fenómeno, mientras el Gobierno central y el Congreso siguen sin ofrecer soluciones concretas.
El paro indefinido que iniciaría en 30 días si el Poder Ejecutivo no se pone los pantalones y despliega medidas urgentes, y la caminata hacia Lima, son el grito de auxilio de una provincia que se niega a seguir siendo estadística de la violencia y el olvido.
Las rondas campesinas han advertido que no permitirán la extracción de oro hasta que el Gobierno tome acciones reales y sostenibles. «Necesitamos un Estado robusto, que vaya firme contra la criminalidad», sentenció el alcalde Mariño.
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