La minería ilegal está asociada a delitos graves como el crimen organizado transnacional, la trata de personas, contrabando y extorsión; sin embargo, es tan rentable que las exportaciones de oro ilegal se han multiplicado por siete: pasó de 10 toneladas, en 2005, a 77, en 2023 según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Dicha información es parte del estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería informal e ilegal”. El IPE explica que “la minería ilegal e informal se ha expandido en los últimos años en diversas zonas de América del Sur, agravando sus efectos nocivos sobre la economía, el bienestar de los ciudadanos, y el cuidado del medio ambiente y de las comunidades”.
El avance de la minería ilegal se ha dado en línea con la tendencia de crecimiento de los precios de los metales; principalmente el oro, cuya cotización está en máximos históricos y se proyecta que continúe al alza en los próximos años.
La minería ilegal, según el IPE se ha convertido en un serio problema respecto al medio ambiente. En la sierra y la Amazonía peruana, resaltan la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua. Contaminación por transporte fluvial.
“El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación”, explica la Universidad de Navarra en su estudio “ La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía”.
El informe del IPE concluye que las políticas de formalización, en el Perú, no han funcionado. La principal razón es la ausencia de una política integral.
En marzo del presente año, El Congreso, con 78 votos a favor, derogó el Decreto Legislativo 1607, el cual establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización.
La disposición derogada, facultaba a la Policía Nacional a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Cabe resaltar que la región La Libertad es uno de los focos de minería ilegal que, además, concentra al crimen organizado nacional e internacional. La madrugada del 11 de mayo, la Policía desarticuló a la organización criminal La Gran Alianza, que había amasado una fortuna de 80 millones de dólares, producto de la minería ilegal que impera en provincias como Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz.
