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Minería ilegal envenena el río Moche: presencia de metales pesados supera los límites permitidos por la OMS

Informes advierten sobre un escenario preocupante en las cabeceras de las cuencas de ríos en La Libertad.

La contaminación de los ríos por la minería ilegal ha alcanzado niveles alarmantes. En los últimos 20 años, se vertieron más de 3 000 toneladas de mercurio en los principales afluentes del país, afectando gravemente la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Esta cifra, revelada durante el Foro del Agua de PERUMIN 37, evidencia la magnitud de un problema que no solo destruye ecosistemas, sino que también pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas.

De acuerdo con Yury Pinto, director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), la minería ilegal representa una de las mayores amenazas ambientales y sociales del Perú.

«No se puede hablar de formalización cuando se trata de actividades en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país”, advirtió.

Minería ilegal: un peligro que avanza sobre los ríos

Los efectos de esta actividad ilícita ya se sienten de forma dramática en regiones como Madre de Dios. Teresita Irene Antazú López, lideresa indígena del pueblo Yanesha, relató que los habitantes de las comunidades locales deben caminar hasta una hora para conseguir agua limpia.

«Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse, porque la piel se les llena de ronchas”, denunció.

El impacto es devastador: alrededor de cuatro millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua segura. A esto se suma la pérdida de más de 100 mil hectáreas de bosques amazónicos hasta 2014, según datos del Minam.

Los suelos y las fuentes hídricas contaminados tardan décadas en recuperarse, mientras que las comunidades afectadas conviven a diario con los efectos en su salud y en su soberanía alimentaria.

Riesgos de una ley que podría flexibilizar el control

Mientras el país enfrenta esta situación crítica, el Congreso de la República discute la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), cuyo predictamen preocupa a especialistas por sus posibles vacíos ambientales.

Pinto advirtió que algunos artículos permitirían la formalización de operaciones en zonas prohibidas, incluyendo cauces de ríos, terrazas aluviales e incluso áreas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.

«Permitir la formalización en cuerpos de agua sería legalizar la destrucción”, señala el funcionario, quien recordó que los daños provocados por el mercurio y otros metales pesados son irreversibles en los ecosistemas acuáticos.

Minería ilegal: el caso crítico del río Moche

La región La Libertad enfrenta un escenario especialmente preocupante. En provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, la minería ilegal ha proliferado, afectando las cabeceras de cuenca de ríos clave como el Moche y el Marañón.

Informes del Minam, OEFA y SENAMHI advierten que los niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en el río Moche superan ampliamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este afluente, vital para la agricultura de los valles trujillanos, recibe residuos mineros y relaves vertidos directamente en las aguas por operaciones clandestinas. Las plantas de procesamiento ilegales instaladas en Callacuyán, Parcoy, Pataz y Quiruvilca operan sin control ambiental, agravando la contaminación y afectando la seguridad de las comunidades aguas abajo.

Ante esta emergencia, el Gobierno ha aprobado una estrategia nacional para combatir la minería ilegal. El plan contempla seis objetivos prioritarios: fortalecer la fiscalización, reducir la comercialización de minerales de origen ilícito, mejorar la coordinación interinstitucional, y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad destructiva.

Sin embargo, los especialistas advierten que mientras las medidas no sean integrales y sostenidas, los daños seguirán creciendo. La minería ilegal no solo devasta los ecosistemas y destruye los bosques; también pone en riesgo la salud pública y los derechos fundamentales de millones de peruanos.

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