En octubre de 2025, el Perú vuelve a escribir una página más en su interminable ciclo de crisis política: el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, alegando “incapacidad moral” tras el colapso del orden público, el incremento de la inseguridad ciudadana y los escándalos de corrupción que sacudieron su gestión.
En su lugar, asumió el congresista José Jerí, hasta ese momento presidente del Congreso, y quien enfrenta acusaciones mediáticas y judiciales por un presunto caso de violación sexual y vínculos con grupos de poder económico.
Este hecho no solo marca el octavo cambio de presidente en una década, sino que confirma una tendencia devastadora: la captura del Estado peruano por una clase política profundamente corrupta, improvisada y desconectada del país real.
Pareciera que la población se ha resignado a convivir con la corrupción. En el año 2023, según algunas mediaciones, el Perú tenía un 55.6 % de corrupción. En el contexto sudamericano se posiciona Perú entre los países más corruptos con 36 puntos, ello en el índice global de corrupción del año 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela.
Esto es una vergüenza ajena total, como lo que está pasando en el Cusco con el transporte para Machupicchu o lo de Odebrecht. Somos el único país que no solo ha recuperado ni un sol, además seguimos trabajando con esas empresas corruptas y esas malas prácticas se extienden a empresas chinas también corruptas.
Nunca debemos olvidar lo dicho por Marcelo Odebrecht, presidente de su empresa, la Fiscalía de Brasil le pregunto por qué escogió al Perú como la sede central de la región, su respuesta fue porque allí políticos y autoridades ya estaban corruptas.
La población se ha resignado a convivir con la corrupción. En el año 2023, según algunas mediaciones, el Perú tenía un 55.6 % de corrupción. En el contexto sudamericano se posiciona Perú entre los países más corruptos
Es por ello que en el caso Fujimori-Montesinos se descubrió toda una red, una gran organización que involucraba a políticos, altos funcionarios de gobierno, jueces y fiscales, medios de comunicación y empresarios. Ese escándalo se visibilizó con la presentación hace 25 años con el vídeo Montesinos-Kouri.
Una democracia agotada
El Perú atraviesa desde hace años un proceso de desinstitucionalización progresiva, donde las reglas democráticas son manipuladas al servicio de intereses particulares. La vacancia de Boluarte, aunque legal en el papel, revela la precariedad de un sistema político donde la Constitución se usa como arma de conveniencia.
El Congreso, convertido en el epicentro de la crisis moral del Estado, ha sido escenario de escándalos que van desde el tráfico de influencias, las contrataciones irregulares y el uso de recursos públicos hasta acusaciones de violación, proxenetismo y vínculos con mafias empresariales. Paradójicamente, es ese mismo Congreso el que hoy se presenta como «salvador de la democracia».
De Boluarte al Congreso: continuidad del descrédito
El gobierno de Dina Boluarte llegó al poder en medio del caos que siguió a la destitución de Pedro Castillo en 2022. Lo que comenzó como una promesa de «orden y gobernabilidad» terminó en un mandato marcado por la represión social, la inseguridad y el desgobierno.
En 2025, las olas de asesinatos, extorsiones y corrupción policial evidenciaron el fracaso de sus políticas de seguridad. Medidas como los cuartos de guerra, los constantes cambios de ministros del Interior y los decretos de estado de emergencia resultaron ser meros gestos mediáticos. Paralelamente, crecían los escándalos por lavado de activos, compras públicas irregulares y enriquecimiento ilícito en los más altos niveles del Ejecutivo.
Pero la salida de Boluarte no significa una renovación ética. La llegada de José Jerí, señalado por antecedentes personales y políticos cuestionables, profundiza la desconfianza ciudadana en el sistema político. Su elección simboliza una continuidad del pacto de impunidad que protege a congresistas, empresarios y operadores judiciales.
El Congreso y la corrupción estructural
En los últimos años, el Congreso se ha convertido en un espacio de cohabitación entre la corrupción y la impunidad. Entre los antecedentes más notorios: casos de mochasueldo y cobros ilegales a trabajadores del Congreso; congresistas investigados por violación sexual, violencia familiar y proxenetismo; leyes aprobadas en favor de la minería ilegal, la tala y la pesca informal, que representan a los intereses de economías criminales.
La salida de Boluarte no significa una renovación ética. La llegada de José Jerí, señalado por antecedentes personales y políticos cuestionables, profundiza la desconfianza ciudadana en el sistema político.
No olvidemos los blindajes judiciales a figuras investigadas por corrupción, desde exministros hasta miembros del propio Parlamento; alianzas informales entre bancadas para manipular la designación de altos funcionarios del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público.
A ello se suma el descrédito del sistema de partidos, donde las organizaciones políticas se han convertido en vehículos electorales sin ideología, disciplina ni ética. Los candidatos surgen como empresarios improvisados, pastores religiosos, exmilitares o figuras mediáticas que buscan inmunidad antes que servir al país.
Una genealogía de la corrupción política peruana
El caso actual no es un hecho aislado, sino el punto más reciente de una larga cadena de corrupción y descomposición del poder:
Alberto Fujimori (1990–2000): condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Alejandro Toledo (2001–2006): extraditado por el caso Odebrecht.
Alan García (2006–2011): se suicidó en medio de investigaciones por sobornos.
Ollanta Humala (2011–2016) y Nadine Heredia: investigados por lavado de activos.
Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): renunció por vínculos con Odebrecht.
Martín Vizcarra (2018–2020): inhabilitado por corrupción.
Pedro Castillo (2021–2022): destituido tras intento de golpe.
Dina Boluarte (2022–2025): vacada en medio de denuncias y caos social.
Ocho presidentes, todos bajo sospecha o proceso. Ningún otro país en el mundo ofrece semejante récord de fragilidad institucional y degradación moral.
La política como espejo de la sociedad
El deterioro político no puede entenderse sin observar el contexto social que lo alimenta: corrupción cotidiana, informalidad económica, violencia urbana y pérdida de valores cívicos. La distancia entre Estado y ciudadanía se ha vuelto abismal. Mientras la población lucha por sobrevivir a la inseguridad y la crisis económica, las élites políticas negocian cuotas de poder.
El Perú de 2025 es, así, un país gobernado por la desconfianza, donde la legitimidad ya no proviene del voto, sino de la manipulación de la ley y los medios.
La vacancia de Dina Boluarte y el ascenso de José Jerí no representan un cambio, sino una confirmación: el Perú está atrapado en un sistema donde la corrupción no es un accidente, sino el modo habitual de gobernar.
La democracia peruana se ha vaciado de contenido. Las instituciones existen, pero sin ética, sin legitimidad y sin ciudadanía que crea en ellas. El desafío no es solo reemplazar autoridades, sino refundar el pacto social sobre la base de la transparencia, la justicia y la educación cívica.
Mientras eso no ocurra, el Perú seguirá siendo un país con presidentes de paso, congresos corruptos y una ciudadanía cada vez más hastiada de una clase política que ha traicionado su mandato histórico.
La corrupción política es el uso del poder gubernamental para obtener grandes beneficios, son diversas las modalidades de corrupción, pueden incluir soborno, cabildeo, extorsión, nepotismo, clientelismo, tráfico de influencias, favoritismo, soborno y malversación de fondos entre otros ya que también se han dado asesinatos.
En mi opinión después de realizar un profundo análisis, tanto Castillo como Boluarte tienen manifestaciones directas de un manejo inmoral, además de encubrimiento personal, las carpetas fiscales de ambos, solo manifiestan el grado de corrupción.
Finalmente, los que viajamos y tenemos contactos en el extranjero sabemos que nos ven como una nación corrupta; con todos los recursos que tiene el Perú no deberíamos pasar las penurias en salud, por solo señalar un sector entre tantos como educación, interior, etc., que no funcionan y sólo son una carga para el Estado, ya deberíamos ir pensando en achicar el aparato estatal, comenzando por el poder Legislativo y fusionar o reducir algunos ministerios.
Presidente de Aprosec
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