La minería ilegal dejó hace años de ser solo un problema ambiental. Hoy es, según cifras oficiales, el principal motor del lavado de activos en el Perú.
Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) revelan que, entre enero de 2015 y diciembre de 2025, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) involucran USD 11 969.7 millones en operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos. Más de la mitad de ese monto —el 55 %— tiene como delito precedente la minería ilegal, principalmente asociada al oro.
La cifra no es menor: supera ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios y expone el verdadero tamaño de una economía criminal que opera dentro y fuera del sistema financiero formal.
Minería ilegal: negocio extractivo y financiero
El análisis de la UIF confirma que la minería ilegal no es solo una actividad extractiva informal. Es un negocio financiero sofisticado.
El 48 % del monto total identificado en tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) corresponde al uso de recursos ilícitos destinados u obtenidos de inversiones en el sector minero, especialmente oro ilegal.
El dinero no se queda en las zonas de extracción. Se transforma en compras de activos, inversiones, movimientos bancarios y estructuras empresariales que buscan dar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal. El oro es el vehículo ideal: alto valor, fácil transporte y fuerte demanda internacional.
En segundo lugar aparece la canalización de fondos ilícitos a través de productos financieros y de inversión, que representa el 21 % del total. Se trata de cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales que diluyen el rastro del dinero.
Minería ilegal: 170 mil alertas en el sistema financiero
La magnitud del fenómeno también se refleja en los reportes recibidos por la UIF. Entre 2015 y 2025, la entidad recibió 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por bancos, cooperativas, notarios, casas de cambio y otros sujetos obligados.
Cada ROS es una señal de alerta: movimientos que no guardan relación con la capacidad económica del usuario, patrones inusuales o vínculos con actividades de alto riesgo. Aunque no todos derivan en procesos judiciales, el volumen evidencia la presión constante del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.
El problema no se limita al ámbito nacional. En el mismo periodo, las Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional e Internacional emitidas por la UIF involucraron USD 204 580.7 millones, lo que demuestra la dimensión transnacional del lavado de activos.
En ese universo de operaciones, la minería ilegal vuelve a ocupar el primer lugar con el 39 % del monto total. Le siguen los delitos contra la administración pública (16 %), el tráfico ilícito de drogas (10 %), los delitos contra el patrimonio (4 %) y otros delitos (31 %).
Los datos confirman que el oro ilegal no opera aislado, sino que convive y se articula con redes de corrupción, narcotráfico y otras economías criminales.
Minería ilegal y su impacto en regiones como La Libertad
Durante años, la minería ilegal fue tratada principalmente como un problema ambiental o laboral. Hoy, las cifras obligan a mirarla como una amenaza económica y de seguridad nacional.
El dinero que se lava a través de esta actividad financia extorsión, compra de armas, corrupción de autoridades, tráfico de tierras y control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, donde provincias como Pataz enfrentan violencia vinculada a disputas por el oro, además de zonas como Madre de Dios, Amazonas y el sur andino.
Cada dólar que logra ingresar al sistema financiero sin ser detectado fortalece la estructura operativa de organizaciones criminales que ya no solo depredan territorios, sino que penetran la economía formal.
Las cifras de la UIF ponen números a lo que en varias provincias del país se percibe desde hace años: la minería ilegal no es marginal. Es un engranaje central del crimen organizado en el Perú.
