La minería ilegal continúa expandiéndose con fuerza en la sierra de La Libertad y ha puesto en jaque a la provincia de Pataz, donde grupos criminales han ocupado concesiones mineras formales aprovechando la paralización de proyectos autorizados y la limitada presencia del Estado. La situación no solo amenaza el ambiente, sino que también profundiza un escenario de violencia que ya resulta cotidiano para las comunidades altoandinas.
Minería ilegal se expande a sus anchas en Pataz
Desde el Ejecutivo se ha confirmado que organizaciones dedicadas a la extracción clandestina de oro han ingresado a concesiones que cuentan —o contaron— con permisos ambientales vigentes, hoy inactivas. En Pataz, este fenómeno se ha traducido en enfrentamientos armados, uso de explosivos, amenazas y control territorial ejercido por mafias que operan al margen de toda fiscalización.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que la expansión de la minería ilegal responde a un patrón que se repite en varias regiones del país: cuando la minería formal se detiene, el espacio es ocupado rápidamente por economías ilícitas.
«La ausencia de proyectos legales abre la puerta a actividades que contaminan, generan violencia y no dejan ningún beneficio para el Estado», señaló.
Conga y Las Bambas también en crisis
Aunque Pataz concentra hoy la mayor preocupación en La Libertad, la problemática se extiende a otras zonas del país. En Cajamarca, la prolongada paralización del proyecto Conga dejó áreas vulnerables que hoy registran ocupaciones ilegales y extracción informal de oro.
Algo similar ocurre en Apurímac, en los entornos de proyectos estratégicos como Las Bambas y Haquira, donde la presión de la minería ilegal ha incrementado los riesgos sociales y ambientales.
En el caso de Pataz, el impacto es especialmente grave. La minería ilegal no opera como una actividad artesanal aislada, sino como una estructura organizada que impone reglas mediante la violencia. Secuestros, ataques armados y amenazas forman parte de un contexto que ha desplazado a familias enteras y ha debilitado la seguridad en la zona.
El daño ambiental es otro de los frentes críticos. Estas actividades utilizan sustancias altamente tóxicas, como el mercurio, contaminando ríos y suelos sin ningún tipo de control. Las autoridades han alertado que esta contaminación pone en riesgo fuentes de agua que abastecen a comunidades rurales, afectando directamente la salud pública y los ecosistemas andinos.
Especialistas advierten que el avance de la minería ilegal en concesiones formales revela una contradicción en la política pública: mientras proyectos legales con altos estándares permanecen paralizados, las economías criminales se consolidan ante la ausencia del Estado. En ese contexto, el Ejecutivo dispone de un plazo de 60 días de facultades legislativas para reforzar el marco legal contra estas actividades ilícitas.
