En el Perú, la palabra «temporal» puede adquirir una resistencia inesperada. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) nació en 2016 como un mecanismo excepcional para que los pequeños mineros y mineros artesanales transitaran hacia una actividad regulada.
Casi una década después, el registro sigue ocupando el centro de una disputa que ya no es solo administrativa, pues compromete bosques, ríos, comunidades, economías locales y la capacidad del Estado para distinguir entre quien intenta formalizarse y quien utiliza esa condición como escudo.
El Congreso aprobó en diciembre de 2025 una ampliación del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal —Ley MAPE— y su reglamento, lo que ocurra primero.
El texto aprobado también planteó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en coordinación con los gobiernos regionales, implemente acciones de simplificación, acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional. Asimismo, incluyó referencias a la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización.
El Congreso y el Ejecutivo podrían prolongar otra vez el mecanismo. Esa formulación debe leerse a la luz del estado legal del proceso debido a que la extensión hasta 2026 ya fue aprobada por el Parlamento.
Lo que permanece abierto es si el país contará con una Ley MAPE eficaz y con controles suficientes antes de que llegue la fecha de vencimiento.
Reinfo para rato: la cifra que resume el problema
La propia información oficial del Ejecutivo muestra la brecha entre inscripción y formalización. En julio de 2025, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que había más de 84.000 inscritos en el Reinfo, pero solo 2,4 % se había formalizado.
La misma comunicación identificó a unos 31.000 mineros en proceso de formalización, incluidos más de 10.000 registros suspendidos por menos de un año.
El dato no significa que todas las personas inscritas sean mineras ilegales. El Reinfo reúne situaciones distintas y la informalidad no es equivalente, en términos jurídicos, a la ilegalidad. Sin embargo, sí revela que el mecanismo no ha conseguido convertir la inscripción en cumplimiento efectivo a la escala esperada.
Si una prórroga conserva el mismo diseño, los mismos expedientes incompletos y las mismas capacidades débiles de fiscalización, puede convertirse en una manera de aplazar el problema en lugar de resolverlo.
Reinfo: la formalización se vuelve una espera indefinida
César Ipenza, especialista del Observatorio de Minería Ilegal, sostiene que una nueva ampliación mantendría un espacio de impunidad para quienes emplean el Reinfo para comercializar oro de origen ilegal.
Iván Arenas, analista en temas mineros, plantea que antes de ampliar el registro se debería depurar a quienes no cumplen las condiciones mínimas y separar a los operadores que sí muestran avances.
Ambos coinciden en que un registro de tránsito pierde sentido cuando la permanencia en él se vuelve más importante que la acreditación de la concesión, el contrato de explotación, el uso legítimo del terreno, la autorización ambiental y la trazabilidad del mineral.
La Defensoría del Pueblo encontró dificultades precisamente en esos requisitos. Su Informe Defensorial 234-2025 reportó problemas para acreditar la titularidad de la concesión o el contrato de explotación, así como la propiedad o autorización de uso del terreno superficial. También identificó retrasos en la Ventanilla Única, falta de personal capacitado y logística insuficiente.
El informe registró además una supervisión y fiscalización regional débiles. Las Direcciones Regionales de Energía y Minas mostraron carencias de personal y recursos, mientras varios gobiernos regionales no informaron adecuadamente sobre sus acciones de control.
En ese contexto, la Defensoría advirtió que extender el Reinfo sin cambios estructurales y normativos no solucionaría la legalización de la actividad minera y recomendó evaluar y reformar el mecanismo como parte de una política integral.
Reinfo: más presión sobre la Amazonía
En la Amazonía, una prórroga no se discute únicamente en expedientes. Se mide en hectáreas de bosque removido, ríos alterados y comunidades que deben convivir con maquinaria, mercurio, violencia y economías ilegales.
La Defensoría reportó el aumento de la minería ilegal en áreas naturales protegidas, entre ellas La Pampa, en Madre de Dios. También señaló impactos de deforestación y afectaciones ambientales y sociales sobre poblaciones indígenas asentadas en zonas cercanas.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha advertido que la prolongación del Reinfo puede generar incentivos para mantener actividades sin estándares mínimos, sin fiscalización y sin responsabilidad suficiente por los daños ambientales. Su análisis vincula la expansión de la minería ilegal con la deforestación, la contaminación por mercurio y la degradación de ríos y suelos en regiones como Madre de Dios y Loreto.
Una prórroga no produce automáticamente cada uno de esos daños. El riesgo aparece cuando la condición de
«en proceso de formalización» funciona sin controles verificables y permite que la actividad continúe en zonas prohibidas, sobre terrenos ajenos o sin demostrar el origen del mineral.
Por eso, cualquier ampliación tendría que estar acompañada de exclusiones rápidas, inspecciones en campo, trazabilidad del oro y sanciones que no dependan de otro aplazamiento.
Reinfo: crimen organizado y violencia territorial
La discusión sobre el Reinfo también ocurre en territorios donde la minería ilegal se conecta con otras economías criminales. La SPDA ha señalado vínculos con el tráfico de insumos, la trata de personas y la violencia contra comunidades y defensores ambientales.
La PCM, por su parte, informó en julio de 2025 que el Estado había realizado 745 operativos de interdicción durante el año anterior y que, hasta el 30 de junio de 2025, se habían ejecutado 505 operativos.
También reportó más de 400 detenidos por delitos vinculados con la minería ilegal, entre ellos tráfico de explosivos, tráfico de insumos químicos y uso de maquinaria no autorizada.
Estos datos muestran que la formalización no puede ser la única respuesta. El Ejecutivo ha planteado una estrategia que combina interdicción, control de los materiales que ingresan y salen de las zonas mineras y alternativas de desarrollo.
El desafío consiste en que esa estrategia no quede separada de la depuración del Reinfo. De lo contrario, una parte del Estado intenta cerrar bocaminas mientras otra mantiene abierto un registro sin capacidad suficiente para verificar quién opera, dónde lo hace y qué extrae.
Reinfo: el argumento de quienes defienden la ampliación
Quienes respaldan la prórroga sostienen que cerrar el Reinfo sin una alternativa legal dejaría fuera a miles de pequeños mineros y mineros artesanales, con efectos laborales, económicos y sociales. Ese argumento aparece también en la comunicación del Congreso: la ampliación fue presentada como una forma de evitar la exclusión automática de personas que todavía tienen procedimientos pendientes.
El Ejecutivo ha defendido una salida concentrada en los registros que aún pueden avanzar y en una futura Ley MAPE. Desde esa perspectiva, la formalización sería una herramienta para combatir la minería ilegal, siempre que se acompañe de control territorial, desarrollo sostenible y economías alternativas.
El problema es que el tiempo adicional solo tiene sentido si viene con metas comprobables. Una inscripción renovada no es una formalización. Tampoco lo es un expediente que permanece abierto durante años sin autorización de inicio, reinicio, beneficio, uso de terreno o cumplimiento ambiental.
Qué debería cambiar antes de otra prórroga
Una extensión del Reinfo tendría que estar condicionada, como mínimo, a cinco cambios verificables: una depuración pública y periódica del registro; plazos individuales que no puedan prorrogarse indefinidamente; capacidad técnica y presupuesto para los gobiernos regionales; supervisión ambiental con presencia en campo; y trazabilidad del oro desde el lugar autorizado de extracción hasta su comercialización.
También se necesita una separación clara entre tres situaciones que son la pequeña minería formal, la minería informal que puede cumplir una ruta legal y la minería ilegal que opera fuera de las condiciones permitidas.
Mezclarlas bajo un mismo paraguas administrativo debilita la política pública y dificulta que la ciudadanía sepa quién debe recibir asistencia y quién debe ser investigado y sancionado.
La Defensoría del Pueblo sostiene que el Reinfo debe ser evaluado y reformado dentro de una política integral para una pequeña minería y minería artesanal sostenibles.
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